Víctimas del dietilene glycol claman justicia en Panamá

PANAMA (AFP). Familiares de víctimas de un envenenamiento masivo ocurrido en Panamá en 2006 por la ingesta de un jarabe para la tos contaminado, siguen clamando justicia tres años después de la mayor tragedia sanitaria en este país, que dejó al menos 134 muertos.

Un comité de familias de víctimas cumplió su aniversario este fin de semana luchando judicialmente en Panamá y España para conseguir indemnizaciones, así como tratamiento para las personas que quedaron con secuelas de por vida.

"Llevamos tres años luchando por una justicia real y verdadera y exigiendo saber la verdad de todo este genocidio", dijo a la AFP Mitzila Donado, portavoz del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida.

Adolfo Nieto, de 57 años, era inquieto y siempre buscaba tareas para hacer. Vivía de un negocio familiar, pero todo se truncó cuando acudió al médico, contó a la AFP su esposa, Viodelda de Nieto.

El médico le recetó un expectorante sin azúcar, para hipertensos y diabéticos, que terminó siendo un veneno contaminado con 'dietilenoglicol', un producto de uso industrial, no apto para el consumo humano.

Este producto se encontraba en nueve toneladas de glicerina enviadas por el grupo chino CNSC Fortune Way Company a la farmacéutica española Rasfer Internacional, que las vendió a la compañía Medicom de Panamá para elaborar el jarabe, distribuido gratuitamente a los pacientes de la Caja de Seguro Social panameña.

Nieto murió el 23 de diciembre de 2008, un día después de cumplir 30 años de casado y después de pasar un calvario con sesiones continuas de diálisis y una operación del cerebelo en Estados Unidos.

"Fue algo muy difícil. Nosotros teníamos un comercio y a raíz de todo esto quedamos en blanco. La vida nos dio un giro que no esperábamos", dijo a la AFP Viodelda de Nieto.

Oficialmente son 134 los muertos por el jarabe, de un total de 189 afectados, pero el comité afirma que hay más víctimas, algunas todavía sin tener síntomas, pues el Seguro Social repartió unos 250,000 frascos. Los afectados pierden la visión, caminan con dificultad, sufren diarreas y fiebres continuas, sus riñones funcionan mal, lo que los invalida.

El fiscal Dimas Guevara confirmó que 1,314 frascos entregados por pacientes contenían el jarabe envenenado, pero todavía hay miles de otros por analizar.

"Lo más atroz es que un mes después de haber muerto mi esposo aparece en el expediente que un doctor lo atendió. Había apuro por desaparecer o cambiar los expedientes" para minimizar la tragedia, dijo a la AFP Vicenta Alvarado.

"El tiempo nos ha dado la razón. Esto fue un genocidio. La interrogante es saber si hubo mano criminal o fue un error humano", dijo Gabriel Pascual, coordinador del comité.

Pascual contó que exigirán una pensión vitalicia para quienes quedaron con secuelas y otros beneficios "que les haga la vida un poco más llevadera".

Por la tragedia, hay 17 personas imputadas en Panamá, de las cuales una está presa, el representante legal de Medicom, Angel de la Cruz. En España, Asunción Criado, de Rasfer, está con medidas cautelares.

En diciembre la Caja del Seguro Social abrirá un centro médico con 33 especialidades para "contener las secuelas del paciente para que su salud no siga deteriorándose y contener los gastos que representan estas personas para el Estado", dijo a la AFP la encargada del proyecto, Celia Cantón.

"Yo sé que ustedes han esperado tres años pero con nosotros (el centro médico) no van a esperar tres años más", dijo el funcionario Josué Morales al comité.

"Yo quiero justicia porque la noche que mi esposo murió, él murió hablando y él me apretaba las piernas y me decía: Chola, sólo te pido una cosa en la vida, hazme justicia", dijo a la AFP Eneida Pérez.

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