En España se debate el "Derecho al olvido" en internet

MADRID ( AP). Sus filas incluyen un cirujano plástico, un guardiacárceles y el director de una escuela secundaria. Aparte de ser todos españoles, lo único que tienen en común es que desean que borren todas las referencias que aparecen sobre ellos en las búsquedas de Google en internet.

En un caso que Google Inc. y los expertos en privacidad consideran sin precedente, la Agencia de Protección de Datos española ordenó a la gigantesca empresa de búsquedas remover los enlaces a todo material sobre unas 90 personas.

Numerosos españoles reclaman el " Derecho al olvido" debido a que la información pública otrora difícil de conseguir es ahora fácil de hallar en internet. Google decidió cuestionar las órdenes y en lo que va del año ha apelado cinco casos ante la Audiencia Nacional.

La información es embarazosa en parte, y a veces banal. Unos pocos casos involucran demandas que fueron reanimadas en línea por medio de versiones noticiosas, pero cuyas revocaciones fueron ignoradas por la prensa y nunca aparecieron en internet. Otras abarcan decisiones administrativas publicadas en gacetas oficiales regionales.

En todos los casos, los demandantes solicitaron independientemente a la agencia que retirasen las informaciones sobre ellos.

Y mientras España respalda a los individuos demandantes, los expertos dicen que la victoria de éstos crearía un precedente peligroso al restringir el acceso a la información pública.

La cuestión no es nueva para Google, cuya máquina de búsqueda se ha convertido en un arma muy usada para averiguar los antecedentes de posibles cónyuges, vecinos y compañeros de trabajo. Lo que revela puede afectar las relaciones sentimentales, las amistades y las carreras.

Por ese motivo, Google recibe habitualmente pedidos de remoción de enlaces a información embarazosa de su índice de búsquedas, o por lo menos que el material quede rezagado en las últimas páginas. La compañía, con sede en Mountain View, California, casi siempre se niega para preservar la integridad de su índice.

La decisión final en el caso español podría demorar meses o aun años debido a que pueden presentarse apelaciones ante tribunales de instancia superior. Pero probablemente la puja en España recibirá más atención debido a que se anticipa que la Comisión Europea preparará un controversial proyecto de ley para dar al público mayores prerrogativas de borrar informaciones personales que hubieran cargado anteriormente en línea.

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