Costa Rica se apura para salir de lista paraísos fiscales

SAN JOSE (AFP). Costa Rica elabora una reforma para levantar el secreto bancario con fines fiscales y tramita acuerdos de intercambio de información con varios países, informó el Ministerio de Hacienda luego de que Francia anunciara que incluyó a este país en una lista de paraísos fiscales.

La ministra de Hacienda, Jenny Phillips, aseguró que ya están listas las reformas a la legislación local, las cuales han sido acordadas previamente con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), para que se ajusten a los convenios internacionales en la materia.

Phillips anunció que el 26 de febrero se realizará en San José un foro con diputados, representantes empresariales, de instituciones públicas y académicas, entre otros, para dar a conocer el proyecto y comprometer a todos los sectores en su aprobación.

A esta actividad, dijo, ha sido invitado Pascal Saint Amans, del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.

"Debemos considerar este tema como un asunto de Estado", dijo Phillips, quien reconoció que las autoridades costarricenses esperaban desde hace tiempo la decisión francesa de incluir a Costa Rica en su lista negra.

La funcionaria explicó que las reformas legales deberán contar con la aprobación del Congreso, así como los acuerdos bilaterales de intercambio de información a los que se llegue con otros países.

Actualmente se negocian convenios de este tipo con Argentina, Francia, Holanda, Canadá y México y se han iniciado contactos con otros cuatro países de Suramérica con el mismo objetivo, precisó.

La lista francesa de "paraísos fiscales", países que no colaboran en la lucha contra la evasión fiscal, incluye a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Belice, República Dominicana, y otros estados y territorios del Caribe.

La ministra costarricense reconoció que la inclusión del país en esa lista pone en riesgo las inversiones de empresas francesas, tanto las ya hechas como las que se pudieran dar en el futuro, debido a que el gobierno francés les impondría sanciones fiscales.

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