Ecuador termina vigencia de 12 tratados binacionales

La legislatura de Ecuador aprobó el miércoles dar por terminados 12 tratados internacionales de protección de inversiones con el argumento de que son lesivos y atentan contra la soberanía del país.

Tras la aprobación, el organismo legislativo _dominado por el partido de gobierno Alianza País_ informará a la cancillería para la notificación respectiva a los países involucrados: China, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, Holanda, Suiza, España, Canadá, Italia, Bolivia y Perú. La terminación no es inmediata.

El Pleno de la Asamblea aprobó “la denuncia de 12 convenios para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI)”, de los que la Corte Constitucional determinó en sentencia que son inconstitucionales.

“La idea es renegociar, pero en igualdad de condiciones”, dijo María Calle, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Ecuador suscribió, particularmente en la década de 1980, convenios internacionales que abrían la posibilidad de que cualquier inversionista afectado en sus intereses económicos pueda acudir a tribunales internacionales, según los expertos.

El legislativo había empezado la gestión con este propósito en el 2010, pero quedó pendiente debido a otras prioridades en ese órgano.

La asambleísta del partido gobernante, Ximena Ponce, en declaraciones a la red de televisión Ecuavisa argumentó que el estado ecuatoriano “se ha visto absolutamente afectado; tenemos demandas y montos pagados por 2.800 millones de dólares y tenemos una serie de demandas que darían un monto de 17.000 millones de dólares contra el estado ecuatoriano”.

Entre las principales demandas que ha perdido el estado ecuatoriano están las de las empresas petrolíferas Occidental, por unos 1.770 millones de dólares, Chevron, Burlington, las tres de Estados Unidos, Perenco, anglo francesa, entre otras. Empresas mineras también han demandado a este país, que tiene un total de 26 demandas en tribunales internacionales.

Ecuador sostiene que las demandas deben ser tramitadas ante tribunales latinoamericanos. Muchas han terminado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, con sede en Washington.

El legislador opositor Luis Fernando Torres consideró que “es una pésima señal, una señal equivocada que envía la Asamblea Nacional al mundo internacional sobre la inversión, que tanto viene reclamando el país”.

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