OCDE: España debe elevar la edad legal de jubilación a 67 años

París ( EFE). La elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación debe tener una "prioridad alta" en la reforma de las pensiones en España, que además debe incorporar otras medidas para contener el gasto, según estimó hoy la OCDE.

Además, esa reforma debe, a largo plazo, vincular los derechos de pensión a la evolución de la esperanza de vida, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe dedicado a España.

El cálculo de esos derechos de pensión debe tener en cuenta, además, toda la vida laboral de los beneficiarios y no sólo una parte.

Los autores del informe advierten de que " España afronta un dramático incremento" del gasto público a causa del envejecimiento de su población entre 2030 y 2060 en un contexto en que su sistema de pensiones es más generoso que el de otros países en relación con las contribuciones de los cotizantes.

Además, aconsejan la disminución o incluso la supresión de los subsidios específicos para los parados de mayor edad, así como aumentar el número de años necesarios para cobrar la pensión completa, que ahora es de 35.

La organización insiste en que para recuperar la confianza de los inversores en la economía española " es importante lograr una mejora permanente en el equilibrio presupuestario", lo que pasa por aplicar " estrictamente" los recortes anunciados para 2012 y 2013.

Pero el Gobierno tiene que " estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario" y deben estar claramente identificados dónde se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio quede en entredicho.

La OCDE pone el acento en que dado que la presión fiscal en España es relativamente baja respecto a otras economías europeas, al ajuste le pueden acompañar subidas de impuestos, que pueden tener menos impacto sobre la actividad, como ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos o tasas medioambientales.

Igualmente se pronuncia por un mayor control del gasto público de las autonomías, de forma que en periodos favorables para la actividad se exija un mayor superávit en todos los niveles de la administración.

La reforma laboral aprobada por el Parlamento en septiembre es objeto de críticas porque aunque supone una reducción de los costes de despido para las empresas " deja mucho espacio a la interpretación judicial".

Y avisa de que si la reforma fracasa en su propósito de facilitar los despidos para las empresas, " pueden ser necesarios" más esfuerzos en esa línea, y sugiere que se reduzca la duración de los procedimientos judiciales.

Los responsables del informe también se quejan de que con el nuevo texto las indemnizaciones por despido en algunos contratos fijos son " excesivamente amplias", lo que hace que las compañías sean remisas a transformar los contratos temporales en permanentes.

A ese respecto, apuesta por " un contrato único con una indemnización (por despido) que es inicialmente baja, pero que se incrementa gradualmente con la antigüedad", pero también por no establecer restricciones a la firma de contratos temporales.

El conocido como el " Club de los países desarrollados" mantiene en este estudio las previsiones económicas que había hecho para España en su informe semestral publicado en noviembre: una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2% este año, seguido de una subida del 0,9% en 2011 y un alza del 1,8% en 2012.

La OCDE constata que el mercado inmobiliario en España sigue caracterizado por un " amplio" exceso de la oferta, y que las políticas de vivienda deben actuar para absorber el volumen de casas vacías, incitar la movilidad geográfica y promover el mercado del alquiler.

En una línea paralela, pide que se reconsideren las ayudas para la construcción de viviendas sociales, y que se dediquen los fondos a dar dinero en metálico a las familias que realmente los necesiten para alojarse, en lugar de desgravaciones fiscales.

La organización reitera su consejo de que los gobiernos autonómicos reduzcan los obstáculos para la implantación de nuevos hipermercados o grandes almacenes y que liberalicen los horarios de apertura allí donde no sea una realidad.

Un capítulo extenso del informe se dedica a la política hidráulica española, en la que se critican las políticas de subvenciones a los regadíos y se pide una elevación del precio del agua, que debe ser transparente para evitar el agotamiento de los recursos y un uso más racional según la eficiencia económica.

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