Reforma a tarjetas de crédito en EU podría sorprender

NUEVA YORK ( AP). Gracias a una ley que entró en vigencia el lunes, el próximo estado de cuenta de tarjeta de crédito que recibirán los consumidores estadounidenses incluirá una fea realidad: Lo caro que cuesta el dinero que les presta el banco.

Ahora el usuario podrá enterarse que si paga el mínimo de un saldo de 3,000 dólares, con una tasa de interés de 14%, pudiera tomarle 10 años para terminar de pagar.

" La gente se va a quedar boquiabierta", dijo David Robertson, director de The Nilson Report, un boletín especializado en el sector. " No dudo por un nanosegundo que va a dar una pesada sensación en el estómago a mucha gente".

Eso no es todo.

Durante los últimos nueve meses, las compañías de tarjetas de crédito elevaron las tasas de interés, crearon nuevas cuotas y redujeron líneas de crédito. Así que una nueva ley elogiada como la más radical legislación de consumidores en décadas ha dificultado más para millones de estadounidenses obtener crédito y ha hecho el crédito más caro.

No se suponía que fuese así.

La ley que el presidente Barack Obama sancionó en mayo protege a los consumidores de subidas repentinas de las tasas de interés, cuotas excesivas y otros trucos empleados por las compañías de tarjetas de crédito para elevar sus ganancias.

Los consumidores van a ahorrarse al menos 10,000 millones e dólares al año gracias a las reducciones de los incrementos en las tasas, dijo el Pew Charitable Trust, que se especializa en asuntos del sector.

Sin embargo, las compañías tuvieron nueve meses para prepararse mientras que ciertas reglas recibían el visto bueno de la Reserva Federal y usaron ese tiempo para adoptar acciones que terminaron perjudicando a los mismos consumidores que la ley trata de proteger.

Los defensores de los derechos del consumidor dicen que la ley aún así ofrece importantes protecciones para los usuarios de unos 1,400 millones de tarjetas.

" Esperábamos incrementos de las tasas, esperábamos cuotas anuales", dijo Ed Mierzwinski, del U.S. Public Interest Research Group, una organización que cabildeó por la ley.

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