Corte Suprema oye caso sobre película contra Hillary

WASHINGTON (AP). La Corte Suprema preguntó ayer martes si una regulación gubernamental impuesta a una película que criticaba a la ex candidata presidencial Hillary Rodham Clinton podría ser aplicada para prohibir libros que critican a otros políticos aspirantes durante la temporada electoral.

Un magistrado advirtió que el futuro de la ley de finanzas de campaña estadounidense podría basarse en su decisión si la película contra Clinton era un trabajo periodístico o una propaganda de ataque político.

Los abogados del gobierno alegaron que el documental "Hillary: The Movie" del grupo conservador Citizens United es un aviso político similar a los tradicionales cortos de un minuto o de 30 segundos, por lo cual se le debería aplicar la ley de finanzas de campaña.

La prueba "no depende de la longitud ni de la manera de comunicación", señaló el procurador adjunto, Malcolm Stewart.

Alegar que una película y aviso de campaña son la misma cosa podría tener adversas consecuencias para la ley McCain-Feingold, señaló el magistrado Anthony Kennedy. "Si pensamos que la aplicación de eso a esta película de 90 minutos es inconstitucional, entonces todo el estatuto podría caerse", destacó Kennedy.

Citizens United deseaba pagar para que su documental "Hillary: The Movie" fuese exhibido como película a pedido, y que se colocaran avisos promocionales de la película en estados clave mientras la senadora de Nueva York competía con Barack Obama por la candidatura presidencial.

Los jueces federales sin embargo dijeron que la película debería ser regulada bajo la norma de avisos en televisión.

El argumento es que si el gobierno federal puede tratar a una película como un aviso político, entonces por qué no aplicarlo a libros, se preguntaron los magistrados.

Se puede hacer respondió Stewart, "si el libro contenía material equivalente que expresa promoción", la prueba que se usa en la regulación de transmisiones, comunicación por cable o satélite, y que se expide 60 días antes de las elecciones generales o 30 días de las primarias presidenciales o una convención.

Los magistrados podrían tomar una decisión antes de medio año.

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