Panamá (EFE). La alta comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana Villa, ofreció hoy en Panamá la mediación de ese organismo en el conflicto que mantienen el Gobierno y grupos indígenas, que ha causado hasta ahora un muerto y casi medio centenar de heridos.
En un encuentro entre el canciller panameño, Roberto Henríquez, y el cuerpo diplomático acreditado en Panamá, Villa ofreció como mediador al Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense de origen apache James Anaya.
Villa añadió que "solo habría que precisar la fecha" para que Anaya llegue a Panamá.
El canciller Henríquez expresó su agradecimiento por la disposición de la ONU a mediar en el conflicto que mantienen el Gobierno e indígenas de la etnia Ngäbe Buglé, que exige garantías legales de que en sus territorios ancestrales se prohíba, además de la minería, la explotación de los recursos hídricos.
Este mismo lunes, el presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, condicionó el inicio de las conversaciones con el Ejecutivo a que la ONU participara como observador, entre otras exigencias, según informó la prensa local.
Montezuma pidió además el cese de la "represión y persecución" a la que, según él, las autoridades someten a los miembros de la Coordinadora, y también la liberación "inmediata" de todos los detenidos el domingo durante choques entre indígenas y la Policía.
Una persona murió ayer y otras 46 resultaron heridas, de ellas seis agentes del orden, en choques entre la Policía e indígenas que fueron dispersados de un tramo de la carretera Interamericana que mantenían cerrado desde hacía seis días.
El Gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, hizo anoche una nueva oferta de diálogo a los líderes indígenas.
En ese sentido, Henríquez afirmó este lunes ante el cuerpo diplomático y la prensa extranjera acreditados en el país, que el Ejecutivo "de ninguna manera" va a aceptar la condición de los indígenas de prohibir la explotación hídrica en sus territorios.
Henríquez reiteró el argumento oficial de que ese punto no está incluido en un acuerdo alcanzado por las partes en 2011, tras unas protestas similares, cuando pactaron que una ley, que ahora discute el Parlamento, incluya la prohibición de la minería y también la protección de los recursos hídricos, no un veto a su explotación.
"Pero parece que hay una interpretación diferente, nosotros entendemos que la protección de las fuentes hídricas, como se suscribió en el acuerdo, es evitar que cualquier proyecto desvíe un río artificialmente o afecte la comarca. Ellos han interpretado que se trata de prohibir cualquier proyecto", acotó.
Panamá "no puede aceptar que el futuro del país se vea coartado con una prohibición de la explotación hídrica, además no hay en este momento ningún proyecto (de esa naturaleza) en la comarca" Ngäbe Buglé, añadió.
Henríquez sostuvo que el Ejecutivo está abierto a un diálogo con los indígenas, liderados por la cacica Silvia Carrera y el dirigente Rogelio Montezuma, y que propone que se mantenga la mediación del presidente de la Conferencia Episcopal Panameña y obispo de David, José Luis Lacunza.
Sin embargo, aclaró que no ha podido comunicarse con Lacunza, quien permanece en el área del conflicto, a casi 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, donde las comunicaciones móviles se encuentran suspendidas por orden del Gobierno desde el sábado por razones de "seguridad de Estado", según explicó ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino.
Pese a que las protestas se han atomizado por distintas partes del país, Henríquez advirtió que el Gobierno "de ninguna manera" va a tolerar que se vuelvan a bloquear las vías de comunicación, como ocurrió del martes hasta ayer entre San Félix, en la provincia de Chiriquí, y Viguí, en la provincia de Veraguas.
La medida de fuerza provocó una fila de autos de más de 10 kilómetros, según medios locales, en la que quedaron atrapados turistas extranjeros y vehículos de carga, lo que ha provocado un desabastecimiento de alimentos en la capital y pérdidas millonarias a productores y distribuidores.
Los embajadores de Costa Rica, Melvin Saenz; El Salvador, Arnoldo Bernal, y Honduras, Nery Funes, agradecieron este lunes al Gobierno panameño la colaboración para evacuar a sus nacionales, casi mil, que quedaron atrapados entre los bloqueos.
Por su parte, el decano del cuerpo diplomático y nuncio del Vaticano en Panamá, el obispo español Andrés Carrascosa, le recordó a Henríquez que el Gobierno tiene que saber distinguir "entre el enemigo y el adversario".
"El enemigo es el caos, donde todos pierden, y al adversario hay que convertirlo en un aliado para enfrentar al enemigo común", manifestó Carrascosa.
También advirtió que "a las palabras sobre el diálogo deben corresponder los hechos, por el bien de este país".
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Pól comentó:
Febrero 6, 2012 - 3:23 pm
Es increible que tenga que venir alguien de fuera para ser mediador en este problema interno. el Gobierno debio de haber designado a alguien para empezar una mediación, empezar el dialogo, más no les importo y tuvieron una postura muy mala para ser personas profesionales y “letrados”. Ahora que están en el poder no quieren salir a los pueblos que cuando fue tiempo de politica no salian. al Gobierno debería es darle pena que una persona fuera del problema venga a la lavar los trapos que ustedes como Gobierno no quieren ni mirar.
ahora quien dice la verdad, martinelli dijo que no sabia nada del bloqueo de telefonia y ahora dice mulino que fue orden del gobierno MENTIROSOS COBARDES
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ahora quien dice la verdad, martinelli dijo que no sabia nada del bloqueo de telefonia y ahora dice mulino que fue orden del gobierno MENTIROSOS COBARDES
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