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Ola de niños migrantes desató crisis humanitaria en el 2014

La pobreza y la violencia empujaron este año a miles de menores centroamericanos a emigrar sin compañía de adultos hacia Estados Unidos, provocando una crisis humanitaria que captó la atención mundial y movilizó a las autoridades de varios países.

Unos 68.000 niños de Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente, emprendieron una peligrosa travesía terrestre y lograron ingresar ilegalmente a Estados Unidos, muchos de ellos motivados por el deseo de reencontrarse con sus padres, residentes en aquel país.

Pero también la situación de pobreza y la urgencia de escapar al reclutamiento forzoso de las pandillas fueron factores determinantes de este flujo, que las autoridades estadounidenses definieron como una crisis humanitaria.

Los gobiernos de los países centroamericanos realizaron gestiones para que los menores no fueran deportados y que su situación la ventilara un juez migratorio.

El 14 de noviembre, los presidentes de los tres países presentaron en Washington un plan denominado "Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte", cuyo principal objetivo es combatir la pobreza y la violencia como medio de desestimular la emigración.

Este plan "marca un hito importante en la cooperación y en los esfuerzos trinacionales que desarrollamos" y "esperamos comenzar a implementar algunas medidas del plan el próximo año", declaró a la AFP el canciller salvadoreño Hugo Martínez.

En noviembre, Estados Unidos se comprometió a abrir un programa que permitiría a los inmigrantes regulares de estos tres países solicitar, bajo ciertas condiciones, el estatuto de refugiados para sus hijos solteros menores de 21 años.

Analistas reconocen la importancia del Plan para la Prosperidad pero advierten que superar los rezagos que generan la pobreza y la violencia asociada de las pandillas llevará muchos años.

"La migración no se va a detener mientras no se mejore la calidad de vida y se invierta en educación, salud, seguridad y mejoramiento de la economía", advirtió en Guatemala la directora de la Mesa Nacional para la Migración (Menamig), Julia González.

"En Guatemala no hay condiciones para vivir con tranquilidad y la situación es dramática para los niños y jóvenes. Lo que se da es una expulsión forzada porque no es una migración voluntaria", destacó la directora de Menamig.

A pesar de los peligros que supone el recorrido por tierra o mar, los padres en Estados Unidos pagan hasta 8.000 dólares a coyotes (traficantes de personas) para trasladar a sus hijos y sacarlos del peligro en que han caído sus comunidades de origen.

La responsable de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), Karla Salas, advierte que el problema es grande y complejo porque la migración se ha convertido en un factor de sobrevivencia.

"Antes para la reunificación familiar se esperaba que el niño cursara el bachillerato, ahora han tenido que adelantar el proyecto migratorio porque los niños están siendo acosados por pandillas o sus familias están siendo extorsionadas porque sus padres se vuelven blanco perfecto por las remesas que mandan", explicó Salas.

Pero la migración tampoco salva de la violencia. "No hay un solo niño que regrese a Honduras ileso; todo niño que ha emigrado regresa con una cicatriz de violencia", lamentó en Honduras el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruela.

Además, la amenaza de la deportación está siempre presente. Las estadísticas de deportados vía aérea desde Estados Unidos, de enero a noviembre, llegaban a 110.320 entre los tres países. La cifra en igual periodo de 2013 fue de 102.609, según datos oficiales.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad presentado en noviembre en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está basado en cuatro pilares: emprendimiento y creación de empleo; seguridad, capacitación técnica y fortalecimiento institucional. Su objetivo es llevar fondos a los municipios de mayor migración.

Estados Unidos, se comprometió a colaborar con un monto no especificado y prometió estimular a organismos multilaterales para que brinden su ayuda y para que grandes empresas hagan inversiones estratégicas en poblados de mayor migración.

El analista y profesor universitario salvadoreño Roberto Cañas advirtió que el Plan para la Prosperidad es una "declaración de buenas intenciones" porque Estados Unidos no estableció montos de ayuda, que para ser liberada deberá sortear el camino del Congreso dominado por los republicanos.

Para Cañas sería "injusto" que los tres países contraigan mayores deudas para atenuar un fenómeno migratorio en el que Estados Unidos tiene una "corresponsabilidad".

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