Chile: quitan beneficios a hijos de falso desaparecido

SANTIAGO DE CHILE (AP). El gobierno anunció hoy jueves la suspensión de beneficios a hijos de un falso detenido desaparecido que vivió en Argentina durante la dictadura militar, mientras legisladores preparan un proyecto de ley para despojar de sus pensiones a supuestos presos políticos que eran violadores de los derechos humanos.

"He oficiado a los ministerios de Educación y Salud para que se proceda al cese de los beneficios que actualmente está usando uno de los hijos de Germán Cofré", informó el Subsecretario del Interior Felipe Harboe.

Cofré Martínez, de 63 años, reapareció ante su familia en Santiago el 13 de noviembre, después de 33 años durante los cuales vivió en Mendoza donde formó una nueva familia.

Harboe agregó que si el Ministerio del Interior comprueba que la familia de Cofré disfrutó de los beneficios de una pensión en dinero, más garantías de salud y educación, a sabiendas de que el hombre estaba vivo en Argentina, "obviamente vamos a iniciar las acciones legales para exigir la restitución a través del Consejo de Defensa del Estado".

La esposa de Cofré, fallecida hace un año, denunció judicialmente en los 90 que el hombre fue detenido tras el golpe militar de 1973 por funcionarios aeronáuticos, y que nunca más apareció. Hoy, una ex nuera y vecinos afirman que sabían que Cofré vivía en Argentina desde 1975.

Cofré fue declarado detenido desaparecido en 1994 y su mujer y tres hijos recibieron un bono por una vez de 15,400 dólares cada uno, beneficios educacionales y de salud. Actualmente, un hijo estudia periodismo con una beca en una universidad privada por ser --supuestamente-- hijo de desaparecido.

Los familiares de los cerca de 2,000 detenidos desaparecidos reconocidos reciben una pensión mensual que puede partir en el equivalente a los 480 dólares.

El escándalo que provocó la aparición de Cofré fue seguido por otro de igual gravedad.

Raúl Celpa, un ex socialista y presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos, afirmó que de los más de 145,000 exonerados políticos calificados por el Ministerio del Interior, y que reciben beneficios en dineros, "me atrevo a decir que son 100,000 las personas que no son exonerados políticos".

Harboe defendió la efectividad del sistema que calificó hasta ahora a 145,286 exonerados políticos, de los cuales 67,496 reciben una pensión mensual.

Empero, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados decidió impulsar un proyecto de ley para despojar de sus pensiones a los falsos exonerados que en realidad fueron agentes del Estado o miembros de las fuerzas armadas que violaron los derechos humanos.

El Estado también entrega desde 2006 pensiones a poco más de 27,000 personas calificadas por una comisión presidencial como ex presos políticos o ex torturados.

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