España permitirá a funcionarios decidir el apellido de un menor

MADRID (AP). España suprimió la primacía del apellido paterno y dio poderes a los funcionarios del registro civil para decidir el primer apellido de un menor si los padres no alcanzan un acuerdo previo.

El parlamento aprobó a última hora del miércoles una ley que elimina la primacía del varón para dar el nombre familiar a la descendencia. La norma generó una gran polémica en noviembre, cuando el gobernante Partido Socialista presentó un proyecto en el que se establecía el orden alfabético como criterio para fijar el orden de los apellidos.

España es uno de los pocos países, junto a latinoamericanos como México, Colombia, Perú o Chile, en los que legalmente se usan dos apellidos, tal y como figura en pasaportes o documentos de identidad.

Sin embargo, el grupo socialista aceptó retirar la regla del alfabeto tras el debate parlamentario y la cámara acordó, sin votos en contra, que sean los funcionarios los encargados de dirimir en caso de desacuerdo entre los progenitores.

"Se trata de un importante avace en materia de igualdad de género al suprimir la regla subsidiaria que confiere prevalencia del apellido paterno en caso de que no haya acuerdo", dijo Julio Villarrubia, portavoz de Justicia del Partido Socialista.

Desde 1999 los españoles pueden elegir el de la madre o el padre como primer apellido para un recién nacido, pero la ley reconocía hasta ahora la primacía del hombre ante cualquier disputa.

Esta es la costumbre que pretende eliminar la nueva ley del registro civil. Aunque, según los expertos, España sigue siendo un país tradicional para estos temas. Es decir, cualquier hijo suele recibir el apellido de su padre y los casos de desacuerdo son prácticamente anecdóticos.

La norma sigue dando la posibilidad a los padres de acordar los apellidos de sus hijos, eligiendo paterno o materno en primer lugar. Pero en caso de desacuerdo o ruptura entre los cónyuges, el funcionario del registro civil tendrá potestad para establecer el orden de los mismos.

La nueva ley dice que el funcionario decidirá en función del "interés superior del menor", un concepto jurídico amplio. El funcionario gozará de libertad para tomar una decisión basándose en su instinto, ideología e incluso realizando un sorteo, si así lo desea.

Otra de las modificaciones aprobadas en el parlamento, facilitará el cambio de apellidos para las víctimas directas de delitos de violencia de género.

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