Aceptan petición para extraditar a Portillo a EU

GUATEMALA (AP). Un juzgado guatemalteco admitió la petición de Estados Unidos para extraditar al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) para procesarle por lavado de dinero.

"Esta es una batalla que se pierde, pero tenemos más recursos, tenemos apelación ... todavía no ha terminado", dijo el ex mandatario en una brevísima declaración tras conocer la sentencia.

Sin embargo, no será enviado a ese país de inmediato. Antes que Portillo sea enviado a Nueva York para responder por las acusaciones de conspirar para lavar dinero, tendrá que responder a una acusación por corrupción en Guatemala y cumplir la pena si es hallado culpable.

Además, la defensa deberá agotar el proceso de apelaciones al que tiene derecho.

"Se presentan pruebas y documentos que demuestran que conspiró y participó en delitos de lavado de dinero en Estados Unidos entre 1999 y 2009... así como la orden de captura (emitida por un juzgado de Nueva York)", indicó el auxiliar fiscal Juan Francisco Sandoval durante la audiencia de presentación de pruebas.

La sentencia fue emitida ocho horas después de concluida la audiencia, que por cierto no estuvo exenta de sobresaltos. La vista tuvo que suspenderse luego que se recibiera una llamada en la que una voz anónima amenazaba que de continuar la misma, los familiares de los jueces serían asesinados. La jueza Morelia Ríos decidió continuar con el trámite sin que los autores de la llamada cumplieran sus amenazas.

La posición de la fiscalía se da aun cuando Portillo enfrenta un juicio ante la justicia guatemalteca por delitos de corrupción y por el que fue extraditado desde México en el 2008.

El ex presidente, detenido desde el 26 de enero, aseguró que el proceso en su contra "tiene tintes eminentemente políticos y no se basa más que en un revanchismo" por haber impulsado acciones contra el empresariado local y en favor de los más pobres.

Portillo dijo que la acción de la justicia estadounidense es una venganza por no haber respaldado la invasión a Irak.

Dijo que el ahora embajador de Estados Unidos en Guatemala, por entonces encargado de negocios, Stephen McFarland le presionó para apoyar la acción militar contra el régimen de Saddam Hussein y a comprometerse a no procesar a militares estadounidenses por acciones en el país.

No hubo respuesta de inmediato a las solicitudes de información hechas a la embajada de Estados Unidos en esta capital.

El abogado de Portillo, Telésforo Guerra, aseguró que no procede extraditar a su patrocinado porque el tratado en la materia entre Guatemala y Estados Unidos no contempla el delito de lavado de activos y en la adición hecha en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción "Estados Unidos expresó una reserva a extraditar personas por ese delito".

Además, explicó, antes de ser enviado a Nueva York, debe completarse el juicio por autorizar el traslado de 16 millones de dólares a las cuentas del Ministerio de la Defensa que luego fueron embolsados por militares, que propició su extradición anterior.

La fiscalía asegura que el tratado de extradición estipula que podrá entregarse a un reo por delitos no contemplados en dicho acuerdo.

Un fiscal federal en Estados Unidos asegura que desde el 2000, el primero de sus cuatro años de gobierno de Portillo, éste se apropió de 1,5 millones de dólares donados por Taiwán; y luego conspiró con un coronel no identificado y un agente del espionaje militar para apropiarse de millones de dólares del gobierno.

Según la acusación, endosó cheques girados en un banco de Nueva York y depositó fondos en una cuenta bancaria de Miami. El dinero fue transferido luego a una cuenta bancaria en París a nombre de su ex esposa María Eugenia Padúa y su hija Otilia Portillo Padúa.

Según la investigación, Portillo habría trasladado durante sus cuatro años como presidente unos 14 millones de dólares tomados de las cuentas del estado y 1,5 millones del donativo de Taiwán.

Portillo fue postulado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por el ex dictador Efraín Ríos Montt. Al terminar su gestión presidencial en 2004 huyó de Guatemala en donde se le formularon acusaciones de corrupción, partió a México y obtuvo una visa de trabajo por asesorar a una constructora.

Durante un exilio de 18 años en México, Portillo fue acusado en 1982 de dos asesinatos en el estado de Guerrero, pero nunca se presentó ante las autoridades. El caso está prescrito.

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