Aprueban primera ciudad modelo en Honduras

TEGUCIGALPA (AP). El Congreso unicameral aprobó la noche del miércoles una iniciativa para la construcción de ciudades modelo en las que se espera evitar la delincuencia y con mejores sistemas de desarrollo, salud y educación.

El decreto lo aprobó la mayoría de los 128 diputados de cinco partidos políticos.

Según la disposición legal, la primera ciudad modelo se erigirá en 1,000 kilómetros cuadrados aún no precisados del Atlántico con personalidad jurídica y su propio sistema de administración.

La determinación legislativa la respaldó el presidente Porfirio Lobo, que en la víspera dijo a sus compatriotas que el proyecto atraerá la inversión extranjera a Honduras.

"Yo invito a mi pueblo a soñar por vivir en un lugar ideal, sin delincuencia, en un territorio autónomo y con un mejor sistema educativo y de salud", afirmó el mandatario en rueda de prensa el martes.

Para Lobo, la primera ciudad modelo se construirá en un lugar que no esté habitado ni cultivado y bajo un régimen especial

El mandatario afirmó que el proyecto es "fundamental" para el desarrollo de Honduras "porque el modelo actual (de economía neoliberal), sobre el que se asienta el país, no es exitoso... y ha evidenciado que no permite mejorar las condiciones de vida del pueblo". Un 59% de los ocho millones de hondureños es pobre.

De acuerdo a Lobo, la iniciativa "transformaría a Honduras y reduciría considerablemente la pobreza en 30 años, mediante un ambicioso plan de inversión nacional e internacional".

Señaló que en la ciudad modelo se instalarán fábricas de computadoras, turbinas de aviones, barcos de gran calado, ensamblaje de carros y otros negocios de envergadura.

Las compañías extranjeras que operen en esos lugares tendrán concesiones estatales por más de 20 años y los resultados se concretarían en cinco.

La cámara legislativa comenzó a discutir el 11 de enero el proyecto impulsado por el diputado oficialista Juan Hernández, presidente del organismo.

La ciudad modelo dispondrá de sus propias leyes y tribunales, y estará bajo la autoridad de un gobernador nombrado por el presidente.

El proyecto generó opiniones encontradas en los sectores políticos y sociales de Honduras.

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