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Argentina y Brasil crearán grupo fiscal común para investigar caso Odebrecht

La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, y su par en Brasil, Rodrigo Janot, acordaron hoy crear un equipo conjunto de investigación, formado por fiscales de ambos países, para investigar en forma conjunta las causas sobre la concesión de obra pública otorgada a la constructora Odebrecht.

El convenio, firmado hoy en el marco de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercado Común del Sur (REMPM), que se celebró en la capital argentina, tiene como finalidad "generar avances en la investigación para lograr la responsabilidad penal y patrimonial correspondiente a hechos ilícitos".

"Cometidos en relación con la tramitación de la contratación, la adjudicación y la ejecución de las obras" públicas en las que interviene Odebrecht en Argentina "y toda otra cuestión vinculada a la investigación 'operación Lava Jato' de Brasil que pueda tener repercusión, vinculación o réplica en Argentina", explicó la Procuraduría General de Argentina en una nota de prensa.

La Justicia argentina investiga la supuesta implicación de la constructora en irregularidades y pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

La firma admitió el pasado diciembre haber pagado en el país rioplatense alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos, un hecho que salpica tanto a funcionarios del anterior Gobierno como del actual.

Con respecto al equipo de fiscales cuya creación se acordó hoy, cada país designará hasta seis miembros, definiendo entre ellos a un director de equipo para cada parte, quien tendrá como principal tarea coordinar a los demás integrantes.

El grupo actuará durante un año desde la entrada en vigencia del acuerdo, período que podrá prorrogarse de común acuerdo.

Sobre la recopilación de la información, el acuerdo establece que los documentos, las informaciones y cualquier otro medio de prueba obtenido por el equipo serán intercambiados entre aquellos fiscales que formen parte del mismo y podrán ser utilizados en las investigaciones relativas a los delitos que se investigan.

Los fiscales podrán solicitar que las diligencias tengan un tratamiento confidencial y que sean realizadas conforme las condiciones y requisitos exigidos por su legislación, "siempre que no colisionen con la legislación del Estado en donde deban realizarse".

De forma reiterada, el Gobierno de Mauricio Macri ha denunciado que Gils Carbó (considerada próxima al kirchnerismo) no ha colaborado para el avance de las investigaciones.

Por otro lado, en la REMPM, los procuradores y fiscales generales del Mercosur coincidieron en que la persecución eficaz de la "criminalidad compleja transnacional" requiere de un accionar conjunto y coordinado de los ministerios públicos de la región.

También advirtieron que los organismos "deben contar con independencia, autonomía y recursos para poder ejercer adecuadamente sus funciones, asignadas por las respectivas Constituciones y legislaciones internas" e indicaron que "resulta imperioso" que "puedan actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, hostigamiento o amenaza por parte de cualquier otro actor público o privado".

FUENTE: EFE