Autoridades guatemaltecas requisan cárcel tras masacre de 13 reos

Las autoridades de Guatemala realizaron este miércoles una requisa en una cárcel en la que el lunes fueron asesinados 13 internos, entre ellos el capitán retirado Byron Lima, preso por la muerte del obispo católico Juan Gerardi en 1998.

Decenas de agentes de la policía y miembros del ejército, así como fiscales, buscan armas y evidencias en la cárcel Pavón, unos 17 km al sureste de la capital guatemalteca, dijo a la prensa el vocero policial, Jorge Aguilar.

En la requisa están presentes también agentes del sistema penitenciario y de la Procuraduría de Derechos Humanos, agregó.

El pasado lunes se registró un enfrentamiento entre reos que dejó 13 muertos --entre ellos una argentina que visitaba a Lima-- del cual fue responsable, según las autoridades, el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias "El Taquero", condenado a 820 años por el asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés en 2008.

La mayoría de las trece víctimas fueron asesinadas a balazos, aunque había cuatro decapitados y un incinerado, pero las autoridades no habían ingresado al penal para recuperar evidencias y las armas de fuego utilizadas por los reos.

El incidente es atribuido por las autoridades a una supuesta pugna entre grupos dentro del penal, motivada entre otras cosas, por el control de la droga.

En la reyerta murieron 12 reos, entre ellos Lima, así como la ciudadana argentina Joanna Birriel, de 24 años, quien se encontraba de visita.

"El Taquero" fue trasladado el martes de la cárcel Pavón a una prisión instalada en el complejo militar Matamoros, en el centro de la capital.

Otros 24 reos vinculados al ataque también serán trasladados a otras prisiones, según informaron las autoridades penitenciarias.

Lima purgaba desde 2001 una condena a 20 años por participar en abril de 1998 en el asesinato del obispo Gerardi, dos días después de publicado el informe "Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más".

El obispo había dirigido la investigación que documentó más de 50.000 violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado (1960-1996), la mayoría atribuidas al ejército.

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