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Bachelet considera alarmante la expulsión de órganos de DD.HH. de Nicaragua

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo hoy que resulta alarmante la decisión del Gobierno de Nicaragua de forzar la salida del país "de dos importantes instituciones de derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

El Gobierno del presidente Daniel Ortega comunicó este miércoles que daba por concluida la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Bachelet confirmó que se trata de la expulsión de dos instancias que se formaron con el acuerdo del mismo Gobierno después de la violencia y disturbios que acontecieron a partir del pasado 18 de abril.

El GIEI investigó concretamente los eventos ocurridos durante las protestas que se prolongaron hasta finales de mayo y con las que la ciudadanía reclamaba la salida de Ortega.

La presentación de su informe final estaba previsto para este jueves en Managua, pero en lugar de eso sus miembros tuvieron que abandonar el país.

Esto "deja prácticamente al país sin órganos de derechos humanos independientes funcionando en Nicaragua", sostuvo la chilena Bachelet.

Esa medida sigue además a la cancelación de la personería jurídica y confiscación de propiedades de ONG nacionales dedicadas a la promoción de los derechos humanos.

Y a todo ello se suma que "el Gobierno ha anunciado que no aceptará visitas de seguimiento por parte de la CIDH", lamentó la alta comisionada.

Alertó que este cúmulo de decisiones, sumadas a los ataques a medios de comunicación independientes el pasado fin de semana, puede tener como consecuencia la desarticulación completa de la sociedad civil y que "la resolución de la crisis que afecta al país sea mucho más difícil".

"Espero que podamos encontrar puntos de entendimiento con el Gobierno para revertir esta tendencia", dijo Bachelet.

La situación que sufre el país ha dejado 325 muertos desde abril, según la CIDH, aunque otras fuentes elevan la cifra a 545, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 decesos y denuncia un intento de golpe de Estado.

FUENTE: EFE