Bolivia: Asamblea aprueba juicios a dos ex presidentes

LA PAZ (AP). La Asamblea Legislativa autorizó al Tribunal Supremo de Justicia iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga por vulneración de la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La asamblea, cuya mayoría está controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, aprobó la medida el sábado en la noche por 115 votos de 166 legisladores presentes en la sesión.

Según los considerandos, los ex presidentes Sánchez de Lozada (1993-1997/2002-2003) y Quiroga (2001-2002) suscribieron más de cien contratos petroleros sin autorización del Congreso Nacional de entonces como ordena la Constitución.

La oposición rechazó la demanda alegando móviles políticos.

"Esos contratos permitieron que las petroleras se llevarán del país lo que quisieron, nadie fiscalizó y el país perdió recursos", dijo el domingo la senadora oficialista, Sandra Soriano, presidenta de la Comisión de Justicia.

Sánchez de Lozada, un empresario minero de centro derecha, privatizó empresas públicas entre ellas la estatal petrolera e impulso reformas liberales. Renunció en 2003 y se refugió en Estados Unidos tras una revuelta popular que derivó en la muerte de 64 manifestantes.

El ex mandatario tiene un juicio pendiente por esas muertes y las gestiones para lograr su extradición no fueron atendidas por Estados Unidos, según autoridades de Gobierno.

El viernes, Quiroga dijo que se trata de una "acusación política" ya que él no autorizó ningún contrato sino funcionarios de la petrolera estatal. En su defensa ante el Legislativo explicó que los cuatro contratos por los que se le acusa eran de exploración y no explotación petrolera y todas fueron financiadas con inversiones privadas.

Dijo además que uno de los contratos suscritos con la francesa Total para la exploración en el suroeste del país permitió el descubrimiento de nuevas reservas de gas en abril pasado lo que fue celebrado por el actual gobierno en un acto público.

Los contratos por los que serán procesados los dos ex mandatarios, permitían a las petroleras entre ellas la hispano-argentina Repsol, la británica BG, la brasileña Petrobras y la francesa Total, una participación del 82% de las ganancias mientras que un 18% era para el Estado boliviano.

Las autoridades de entonces justificaron porque esa distribución de ganancias permitió la llegada de millonarias inversiones y sacaron a flote la moribunda industria petrolera. El gobierno actual dijo que con esos contratos el país no era dueño de sus riquezas, sino las petroleras.

Una nueva ley impulsada por el actual gobierno y la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el presidente Morales en 2006, revirtió la distribución con 18% para las petroleras y 82% para el Estado.

La nacionalización fue una de las principales medidas impulsadas por Morales y obligó a las petroleras a renegociar sus contratos con el Estado para transformarse en operadoras al servicio de estatal petrolera. Quintuplicó los ingresos para el país pero la industria padece la falta de inversiones privadas.

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