Brasil en vilo por posible salida de Lula de la cárcel

Un magistrado de la corte suprema brasileña emitió el miércoles un fallo que podría liberar al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción, en un inesperado golpe de efecto a pocos días de la asunción del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó la liberación de los presos con recursos pendientes después de haber sido condenados en segunda instancia, como es el caso del exmandatario de izquierda (2003-2010), detenido desde el 7 de abril en Curitiba (sur).

En el texto, obtenido por la AFP, Mello indicó que la medida tiene efecto inmediato, pero debe ser demandada por los abogados de los detenidos ante los jueces que dictaron las penas.

Los abogados de Lula formularon rápidamente el pedido. "Es imperioso dar inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Corte Suprema", afirma la solicitud del bufete de abogados Teixeira Martins.

La Fiscal General de la República, Raquel Dodge, interpuso un recurso contra el fallo de Mello, que podría ser atendido este mismo miércoles por el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli.

En un comunicado, Dodge alegó que "el inicio del cumplimiento de la pena tras decisiones de cortes de segunda instancia es compatible" con la Constitución y contribuye al "fin de la impunidad" y a la "credibilidad de las instituciones".

El fiscal Deltan Dallagnol, que condujo las principales investigaciones de la Operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre contratos fraguados en Petrobras, afirmó que la decisión de Mello es "absolutamente equivocada" y podría tener "efectos catastróficos", dejando en libertad a "innumerables personas" encarceladas en el marco de ese escándalo.

"Confiamos en que el STF va a revetir esa decisión (...). Estamos cansados de tantas decisiones que significan un vuelco jurídico", declaró en una rueda de prensa.

Según datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) divulgados por la estatal Agencia Brasil, 169.000 presos podrían ser liberados si el fallo se confirma.

La medida excluye a personas que están en prisión preventiva por representar un peligro para el orden público o para la instrucción judicial. De ese modo, no podrán acogerse a su beneficio autores de crímenes comunes graves ni muchos de los peces gordos de Lava Jato.

El encarcelamiento después de un fallo de segunda instancia fue decidido por el STF en 2016. El tribunal tiene previsto volver a tratar el tema el próximo 10 de abril.

Sus adversarios alegan la presunción de inocencia y consideran que alguien solo puede ser detenido cuando agota todos los recursos ante la tercera instancia (Tribunal Superior de Justica) y ante el propio STF.

En tanto, sus defensores aseguran en cambio que la detención después de un fallo de segunda instancia representa un indiscutible avance en la lucha contra la impunidad, en un país donde las personas con medios económicos lograban arrastrar durante años o décadas los juicios en su contra.

La decisión se produce en vísperas de la asunción de Bolsonaro, el 1º de enero.

El excapitán del Ejército, que durante su campaña prometió que Lula iba a "pudrirse en prisión", celebró en Brasilia la primera reunión con la totalidad de su gabinete de gobierno.

Su ministro de Justicia será Sérgio Moro, emblema de la operación Lava Jato.

Hasta la invalidación de su candidatura a inicios de septiembre, Lula era el favorito en las encuestas de opinión para ganar las elecciones.

Preso desde el 7 de abril, cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con la estatal Petrobras.

Lula, de 73 años, fue condenado en segunda instancia en enero, pero tiene varios recursos pendientes. Enfrenta además varios otros procesos.

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.

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