CIDH culmina audiencia por derechos de migrantes ilegales

SAN JOSÉ ( AFP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos culmina este jueves una audiencia en un juicio de un ecuatoriano contra Panamá, que los abogados del demandante confían en que sentará un precedente que ayudará a resguardar los derechos de los migrantes ilegales.

La denuncia del ecuatoriano Jesús Tranquilino Vélez Loor, detenido en 2002 en Panamá y condenado a dos años de cárcel por entrar sin visa al país mientras intentaba llegar a Estados Unidos, es la primera causa sobre derechos de los migrantes indocumentados que debe resolver la Corte, con sede en San José.

" Realmente es muy importante el caso, porque en este momento las Américas se abocan a la necesidad de leyes de migración respetuosas de los derechos humanos, más allá de punitivas", dijo a la AFP la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el juicio, María Silvia Guillén.

" Nos parece que es muy importante poner en relieve la situación de los migrantes a partir del caso del señor Vélez", agregó la comisionada de la CIDH, organismo con sede en Washington que avaló la denuncia y llevó el caso ante la Corte, que se estima que dictará su fallo en unos seis meses.

La CIDH y los abogados de Vélez, pertenecientes al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG que promueve los derechos humanos, creen que este fallo puede sentar un precedente poco después de que el Estado de Arizona (suroeste de Estados Unidos) pusiera en vigor una ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

" Felizmente Estados Unidos es parte del sistema interamericano, entonces eso trae como consecuencia que tiene que llegar hacia el norte el mensaje que va a salir de la Corte", dijo Guillén.

El miércoles, en el primer día de la audiencia, Vélez relató la odisea que vivió tras ser capturado por soldados panameños cerca de la frontera con Colombia, en diciembre de 2002.

Vélez, que ahora tiene 44 años, declaró que jamás compareció ante un juez, no se le permitió contactar a su familia ni al Consulado ecuatoriano, y que sufrió torturas a manos de los soldados que lo arrestaron y malos tratos en la cárcel, donde estuvo recluido junto a presos comunes.

Los militares lo obligaron a caminar descalzo por la selva hasta su base, " donde me colgaron de un poste, de un arco de fútbol, donde permanecí ocho horas, hasta el otro día", dijo Vélez ante el panel de siete jueces, encabezado por el presidente de la Corte, el magistrado peruano Diego García-Sayán.

El ecuatoriano estuvo recluido en una prisión de la isla Palma y después en el penal capitalino de La Joyita, donde alega que también sufrió malos tratos, incluida una herida en la cabeza luego de que migrantes presos realizaran una " huelga pacífica" en protesta por las malas condiciones de reclusión.

Los representantes de ambas partes harán este jueves sus alegatos finales.

El demandante busca una reparación moral, que incluya el reconocimiento por parte de Panamá de que sus funcionarios violaron sus derechos humanos, y que le pague un tratamiento médico por las secuelas de la herida sufrida en prisión, entre otras exigencias.

" El caso de Jesús (Vélez) toca varios temas que son de mucho interés sobre la situación de derechos humanos, tanto en Panamá como en el continente", dijo la abogada de CEJIL en el proceso, Marcela Martino.

" Yo creo que (el fallo de la Corte) se tiene que escuchar en Arizona y mucho más lejos, a lo ancho y largo de nuestro continente", declaró Martino a la AFP.

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