CIDH: piden reformas por casos México, Panamá y Nicaragua

SAN JOSE (AP). El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) apremió a los Congresos de tres países para que agilicen cambios en sus legislaciones que permitirían cumplir sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alejandra Nuño, directora regional de Cejil, explicó que esta semana los jueces analizarán tres casos "muy distintos y diversos pero en los tres es evidente la ausencia del poder legislativo, para que adopte las modificaciones que hagan más adecuadas las leyes a la defensa de los derechos humanos".Cejil participará en los casos como representante de las víctimas. Este miércoles en dos audiencias privadas sobre el cumplimiento en los casos de Heliodoro Portugal contra Panamá y el caso Yatama contra Nicaragua. Luego el jueves en la audiencia pública sobre la demanda Rosendo Cantú contra México por la aparente tortura y violación a una joven indígena por parte de miembros del ejé rcito.

"En México es urgente modificar el Código de Justicia Militar para que el fuero militar no pueda conocer casos de violaciones a derechos humanos, como lo ordenó la Corte en un fallo de otro caso a fines del año pasado. También se deben reformar otras leyes, por ejemplo la ley de Amparo para que el fuero civil no pueda someterse al militar", dijo Nuño.

Similares enmiendas esperan en el caso de Panamá, pues el fallo de agosto del 2008 por la desaparición forzada Portugal, en 1970, establecía la inclusión de ese delito y el de tortura en el Código Penal.

"Hasta el momento eso no se ha cumplido", explicó Patria Portugal, hija del líder comunal.

Adelantó que el jueves en Panamá habrá un acto de reconocimiento por parte del presidente Ricardo Martinelli, precisamente cuando se cumplen 40 años de la desaparición de su padre por parte de agentes del ejército, entre esos el ex hombre fuerte en esa nación, Manuel Antonio Noriega, actualmente en un cárcel en Fr a ncia.

Sobre el caso Yatama, con sentencia en junio del 2005, el diputado y líder de esa organización política indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, relató que al día de hoy no se han realizado las reformas legislativas para garantizar la participación electoral y controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos políticos de minorías.

El único caso que tendrá una audiencia pública será el de Valentina Rosendo Cantú, que denuncia a México por no atender su denuncia luego de ser atacada sexualmente por dos soldados en febrero del 2002.

En tímidas declaraciones a periodistas, Rosendo relató que una mañana estaba lavando ropa en un arroyo cuando se acercaron ocho militares y la interrogaron sobre unos encapuchados. Ella dijo no saber nada y dos de los sujetos la violaron. Tenía 17 años y no hablaba español, sino su lengua Me'phaa.

"Yo los identifiqué y luego empecé a recibir amenazas, mis padres también... Yo no debería estar aq u í pero mi país no quiere aceptar que fueron militares lo que me violaron. Yo no miento y es lo que quiero decir", expresó Rosendo, quien reconoce que cuando su demanda pasó al fuero militar, la citaron pero ella tuvo miedo de ir.

Explicó que la acusan de querer evitar que los militares lleguen a su comunidad porque allí siembran drogas. "Eso no es verdad, y hay más mujeres violadas por militares que no hablan por miedo", agregó, en una afirmación apoyada por Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan".

Según Rosales, en el estado de Guerrero conocen de otros seis casos, entre esos el de Inés Fernández y que también está en proceso ante la Corte.

"Esta denuncia de Valentina es un reflejo de la discriminación que sufrió, por su niñez en el momento de los hechos, su condición de indígena y su pobreza", alegó Rosales, al destacar que el caso es importante "por la excesiva militarización en México ahora y sin controles efectivos".

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