California: Proyectan límites a ayuda empresas a represión

En un nuevo esfuerzo por resistir la represión desatada por el presidente Donald Trump a la inmigración no autorizada, los demócratas de California han presentado proyectos de ley que limitan la colaboración de las empresas privadas con las autoridades federales.

Los demócratas controlan todos los niveles del gobierno estatal y sus líderes han prometido resistir las políticas del gobierno de Trump en todo sentido. La inmigración es uno de los asuntos importantes, pero la mayoría de las leyes hasta ahora ha estado dirigida a limitar lo que puede hacer la policía para ayudar a las autoridades federales de inmigración y proveer ayuda y servicios adicionales a inmigrantes que están ilegalmente en el país.

Ahora, dos propuestas que avanzaron en la Asamblea la semana pasada apuntan a negocios privados.

La legislatura aprobó el lunes un proyecto que prohibiría a los arrendatarios revelar el estatus inmigratorio de sus inquilinos. Y el viernes, una comisión aprobó una norma que prohibiría a los empleadores tanto públicos como privados permitir el ingreso de agentes de inmigración a los lugares de trabajo o acceder a los archivos de empleados.

Ann Morse, quien rastrea los proyectos sobre inmigración para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, dijo que éstos son los únicos que conoce que tratan de limitar la cooperación de los arrendatarios y empleadores con los agentes de inmigración.

Los dos proyectos incluyen excepciones si los empleadores o arrendatarios reciben una orden judicial.

Ambas medidas son patrocinadas por el asambleísta demócrata David Chiu, de San Francisco. Chiu dijo que son necesarias para proteger de la deportación a inmigrantes que no han cometido delitos en el país.

El asambleísta republicano Kevin Kiley, que se opone a las medidas, dice que podrían generar miedo en comunidades de inmigrantes y que las leyes existentes son suficientes para proteger a los inquilinos. Dijo que las propuestas, junto con muchas otras sobre inmigrantes presentadas este año, están diseñadas para expresar una posición política más que para elaborar buenas medidas.

Jith Meganathan, un activista del Western Center on Law and Poverty, dijo que tras la victoria de Trump a finales del año pasado, las organizaciones que proveen asistencia legal a personas de bajos ingresos en California comenzaron a recibir más reportes de caseros amenazando a inquilinos por su status de inmigración. Aunque algunas de las cosas que la propuesta de Chiu prohibiría pudieran ser ilegales ya bajo las leyes anti discriminación del estado, la medida AB291 proveerá importante claridad legal.

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