El Caribe reprime la inmigración ilegal

TOA BAJA, Puerto Rico (AP). A medida que los empleos desaparecen a causa de la crisis financiera mundial, los gobiernos del Caribe están reprimiendo a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo.

La campaña subraya las profundas divisiones económicas en una región donde los dominicanos, haitianos y jamaiquinos pobres van en busca de mejor vida a islas de mayores recursos como las Bahamas, Antigua y Barbados.

Esa situación está causando divisiones entre los gobiernos, donde algunos acusan a otros de violar los principios de cooperación que la región trata de cimentar.

"Quieren intimidarnos", se quejó Bianely González, de 32 años, una dominicana que vino a Puerto Rico hace una década en un bote de madera y que vive en un solo cuarto en un bloque de cemento.

En los territorios estadounidenses del Caribe y en la Florida, que son los principales imanes para la inmigración, las deportaciones casi se han duplicado de 7,176 en el año fiscal 2006 a 13,622 el año pasado.

El aumento se debe a una campaña estadounidense para deportar a los inmigrantes ilegales con pedidos de captura por delitos, dijo Iván Ortiz, un vocero de Inmigración y Aduanas en San Juan.

Admitió que la campaña se debe en parte al debilitamiento de la economía estadounidense, pero no entró en detalles.

Otras islas no dieron cifras de deportación similares. Pero la crisis financiera ha azotado sus economías dependientes del turismo, obligando a los hoteles a cerrar o reducir su nómina de personal. Este año las visitas turísticas han caído 9% en Barbados, 13% en Antigua y Barbuda y 15% en las Bahamas, según estadísticas de la Organización Caribeña de Turismo.

En Puerto Rico, Inmigración y Aduanas de Estados Unidos _y no las autoridades puertorriqueñas_ se encargan de hacer cumplir las leyes inmigratorias. Pero los dominicanos dicen que eso no impide que la policía local los hostiguen o los entreguen a las autoridades de inmigración.

Unas 200 familias viven en el barrio de tugurios Villas del Sol en Toa Baja, entre ellos algunos de los 200,000 dominicanos en una isla con 4 millones de habitantes.

Las viviendas precarias de bloques de cemento y chapas _abandonadas hace una década debido a las inundaciones que provocó el huracán George_ fueron ocupadas más tarde por inmigrantes y por puertorriqueños desamparados.

Las autoridades de Puerto Rico dicen que un intento por despejar la zona no tiene nada que ver con la economía.

Pero González, madre de cuatro niños, dijo que nadie intentaba desalojarla cuando su marido podía encontrar trabajos en construcción y jardinería. Sin servicios, ahora depende del agua potable que llega en tanques despachados por la oficina del alcalde local y una cocina a gas.

"Esto", afirmó, "es discriminación".

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