Chávez legisla con mano dura contra desabastecimiento

CARACAS (AFP). El presidente venezolano Hugo Chávez apeló a la mano dura al promulgar dos leyes para combatir el desabastecimiento de alimentos, la especulación y abatir la inflación, flagelos que azotan al país pese a las enormes regalías de su renta petrolera en los últimos años.

Ambas normas, promulgadas por Chávez junto a otros 24 decretos-ley el jueves pasado, último día en que gozó de las facultades legislativas excepcionales que le concedió la Asamblea Nacional (Parlamento) durante año y medio, provocaron rechazo en la oposición y recelo entre los empresarios.

La ley de "Seguridad y soberanía alimentaria" y la de "Defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios" aumentan el control estatal sobre la economía y pavimentan el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI que propugna el mandatario venezolano.

Se pretende con ellas "superar el hambre como elemento estructural capitalista y la progresiva disminución de la intervención de capitales especulativos" en el mercado alimentario, según su texto.

"El acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria con motivos políticos" serán sancionados con penas de hasta tres años de cárcel para los infractores, se advierte en las normas.

Esta ley "regulará toda la cadena de producción y distribución de alimentos (...) y además, garantizará que los alimentos lleguen a las zonas deseadas y no se produzca ningún tipo de desviación", explicó el viceministro de Economía Agraria del ministerio de Agricultura, Richard Canán.

La nueva legislación precisa que el Estado es el encargado de "formular, dictar, ejecutar y supervisar las políticas agroalimentarias", dejando sin margen a la iniciativa privada, que ni siquiera podrá intervenir a la hora de fijar los precios de los alimentos, potestad privativa del Ejecutivo.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Pedro Baraybar, expresó su preocupación por la regulación del sector y consideró que se vulnera la libertad económica de las empresas.

"El impacto en primera instancia que podemos determinar es que el Estado decidirá qué es lo que se debe comer, cuánto y dónde", dijo a la prensa.

El conjunto de la oposición afirma que estas leyes introducen elementos de la reforma constitucional oficialista que fue rechazada en referendum en diciembre pasado y las tildan de una "reforma disfrazada".

"Acá no tenemos Constitución, ni ley y el presidente hace lo que quiere", comentó el ex ministro del Interior Luis Miquilena, mentor político del presidente Chávez y hoy un acérrimo opositor.

"Estamos ante una dictadura que le ha dado un golpe de Estado a la Constitución" con estas nuevas leyes, agregó.

En el oficialismo, se afirma que estas normas servirán para erradicar el desabastecimiento de alimentos como leche, aceite, harina o huevos, que Chávez atribuyó a la acción de "acaparadores", "especuladores" y a "empresarios cuadrados con la oposición que buscan desestabilizar" a su gobierno.

Las autoridades entienden que los nuevos instrumentos ayudarán además al control de la inflación, que alcanzó el 15,1% en el primer semestre del año, la tasa más alta de América Latina, de acuerdo con datos del Banco Central.

Los empresarios desestiman los argumentos gubernamentales y subrayan que la inflación es fruto del control de precios que rige desde 2003, del tipo de cambio fijo, de la caída de la producción local por falta de inversiones privadas y por el alza de los precios internacionales de los alimentos.

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