Chile: Corte Suprema busca terminar casos de DDHH en dos años

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SANTIAGO DE CHILE (AP). La Corte Suprema anunció el miércoles que cerrará centenares de procesos que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, que registró más de 40.000 víctimas, incluidos 3.095 opositores asesinados o desaparecidos.

"Hemos designado nuevos ministros porque deseamos ponerle término dentro de un plazo de dos años. No descartamos que se sigan recibiendo nuevas denuncias", dijo el vocero de ese tribunal, ministro Jaime Rodríguez Espoz.

El máximo tribunal nombró tres nuevos jueces que se dedicarán exclusivamente a investigar casos de abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"No se le puede poner plazo a los juicios. Si no fueron capaces de investigar cuando se cometían los crímenes, desde 1973 en adelante, seria el colmo del descaro y el cinismo colocarle plazo a los juicios", dijo a la AP el abogado Eduardo Contreras, especializado en el área de los derechos humanos.

"Si la Corte Suprema pretende pasar por sobre la ley chilena e internacional, se estaría quebrando el estado de derecho en Chile", afirmó en alusión a que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

La demora en la presentación de las demandas se debe a las dificultades que enfrentan los sobrevivientes para demostrar su calidad de víctimas.

Rodríguez añadió que en el último tiempo se han recibido alrededor de 700 procesos relacionados con delitos de tortura, correspondientes al periodo 1973 y 1990.

Se estima, según cifras oficiales, que hay un millar de juicios abiertos en los que están procesados o vinculados unos 700 militares jubilados, y que otros 70 están cumpliendo condenas por graves violaciones a los derechos humanos.

La decisión de la Corte Suprema de acelerar el cierre de juicios se conoce el mismo día en que una meticulosa investigación de la ONG ArchivosChile, dedicada al periodismo de investigación sin fines de lucro, dio a conocer su detallado trabajo sobre la base de archivos obtenidos en el Servicio Médico Legal, SML, en el Cementerio General, el Registro Civil y Fiscalías Militares, los que obtuvo apelando a la nueva Ley de Transparencia.

La investigación concluyó en que habría 152 nuevos casos de detenidos desaparecidos durante los primeros tres meses de la dictadura, de los cuales no se tenía conocimiento, entre los 1682 cuerpos ingresados en la morgue entre el mismo día del golpe, el 11 de septiembre de 1971, y el 31 de diciembre del mismo año.

La periodista investigadora Pascale Bonnefoy, precisó en un acto realizado en el Museo de la Memoria, que del estudio de los certificados de defunción y del libro de ingresos del servicio forense, se desprende que 149 murieron baleados y uno producto del estallido de una granada en su boca.

La indagación de ArchivosChile ratificó que tras el golpe militar sobre el SML cayó una verdadera "avalancha" de muertos, la mayoría fallecidos por heridas de bala, que coparon sus cámaras refrigeradas, los pasillos. De nueve cuerpos diarios que el servicio recibía como promedio diario, llegó a recibir 43 en 24 horas, mientras seguía trabajando con su número habitual --y reducido-- de funcionarios.

Por aquellos días las autopsias eran "suscintas y económicas", agregó Bonnefoy.

ArchivosChile desarrolló el estudio como un proyecto del Centro de Investigación e Información, CIINFO, dirigido por el periodista John Dinges, profesor de la Universidad de Columbia, y permitió conocer, por primera vez, la maraña burocrática en que se vieron envueltos la mayoría de los cadáveres, muchos de los cuales, pudiendo ser identificados, permanecieron como no identificados y hoy son desaparecidos.

Al comentar los resultados de la investigación, el doctor Patricio Bustos, director del SML, declaró a la AP que con la aplicación de la Ley de Transparencia "se favorece una democracia más sólida".

En alusión a lo ocurrido inmediatamente tras el golpe militar, Bustos dijo que hubo "ocultamiento de los hechos...estoy hablando de encubrimiento criminal, de ocultamiento deliberado, planificado, de una estrategia por parte de un sector político para ocultar las cosas que ocurrieron".

Tres comisiones oficiales, de 1991, del 2004 y de febrero del 2010, dimensionaron la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en Chile. El último grupo aumentó en 30 los detenidos desaparecidos y en casi 9.800 los prisioneros políticos, lo que totalizó las víctimas del régimen de Pinochet en poco más de 40.000 personas, de ellas, 3.095 fueron asesinadas o siguen en calidad de detenidos desaparecidos.

"Es una nueva demostración de que lo que hubo en Chile no fue un régimen, como dicen los hipócritas, sino una brutal dictadura militar, que no solo asesinó, torturó, violó hasta con animales a las presas", dijo Contreras.

"Todavía quedan cientos de personas que se encuentran en calidad de detenidas desaparecidas, lo que hace necesario una investigacion profunda, y me duele que presida la Corte Suprema un individuo que integró consejos de guerra que muchas veces condenaron a muerte a inocentes", agregó.

Contreras fue el primer abogado en presentar querellas criminales contra Pinochet en 1998 y criticó la reciente asunción como presidente de la Corte Suprema de Rubén Ballesteros, que en la época del golpe militar (1973), integró varios consejos de guerra, que los militares sublevados instalaron para agilizar los procesos contra los partidarios del derrocado gobierno del presidente Salvador Allende.

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