Cierran caso de esterilizaciones forzadas en Perú

LIMA ( AP). Grupos defensores de derechos humanos anunciaron el lunes su decisión de recurrir a la justicia internacional ante el archivamiento por la fiscalía del caso de más de dos mil mujeres peruanas esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El caso se remonta a finales de los años 90, cuando decenas de miles de mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas y quechuhablantes, fueron esterilizadas forzosamente en base a la coerción, el engaño o el ofrecimiento de regalos. Al menos 17 mujeres fallecieron tras ser sometidas a la intervención, según Demus, organización defensora de los derechos de las mujeres.

Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo que agrupa a decenas de grupos activistas peruanos, denunció que el Fiscal Superior de Derechos Humanos Jorge Luis Cortez emitió la semana pasada una resolución en la que declaró archivada la demanda presentada por 2.074 víctimas de las esterilizaciones.

" No estamos de acuerdo con esa resolución, creemos que hay argumentos más que suficientes para que la fiscalía hubiera promovido la acción penal denunciando a los responsables de estos hechos ante el poder judicial", dijo Gamarra en rueda de prensa.

" No estamos hablando además de crímenes ordinarios o comunes, sino de crímenes de lesa humanidad, que las pruebas están en las denuncias presentadas en su momento, y en verdad lamentamos que esta situación se haya producido", agregó.

Isabel Cedano, abogada representante de Demus, dijo a la AP que el fiscal argumentó que las esterilizaciones forzadas no constituyeron crímenes de lesa humanidad sino simples delitos comunes cometidos por los operadores de salud, y que por el tiempo transcurrido ya han prescrito.

La abogada hizo un llamado en la conferencia de prensa a las mujeres víctimas de las esterilizaciones a que se sumen a una acción para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

Cedano afirmó que durante el gobierno de Fujimori hubo una política nacional de planificación familiar que dio prioridad a la ejecución de esterilizaciones quirúrgicas en zonas rurales y pobres del país.

" Tal era el objetivo que poco importó si (la esterilización) iba a ser voluntaria o no", señaló a la AP.

Las malas prácticas tuvieron como consecuencia algunas muertes como la de Mamérita Mestanza, de 33 años, quien falleció en 1998 y dejó siete huérfanos, algunos días después de ser sometida a una ligadura de trompas.

Su caso es el único que llegó a la Comisión Interamericana y en el 2003 el estado peruano admitió su responsabilidad y aceptó indemnizar económicamente a sus hijos.

Cedano sostuvo que las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas hoy sufren un daño moral, además de estigmatización por parte de sus esposos y comunidades, que ya no las valoran igual por haber perdido su capacidad reproductora.

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