Clima de conflictos domésticos aguarda asamblea de OEA en Bolivia

LA PAZ ( AFP) Un clima de conflictos internos aguarda a la asamblea general de la OEA, que sesionará en Bolivia del 3 al 5 de junio con agenda dedicada a la seguridad alimentaria y temas calientes como el diferendo marítimo boliviano-chileno y eventuales reformas a la CIDH.

El pedido de asilo de un senador de derecha refugiado en la embajada de Brasil en La Paz por supuesta persecución política, dos marchas de protesta de indígenas que defienden su hábitat o una huelga de esposas de policías por mejores salarios configuran un escenario de moderada conflictividad.

Sin embargo, todos estos asuntos internos de Bolivia intentan ser aprovechados por sus protagonistas ante la OEA.

Los indígenas de la Amazonia, que caminan hace un mes rumbo a La Paz para oponerse a la construcción de un tramo carretero que afectaría su territorio serán recibidos en audiencia, por ejemplo, el 5 de junio, último día de la cita anual que reúne a cancilleres de la Organización de los Estados Americanos.

"Queremos dar a conocer las vulneraciones a los derechos humanos que existen en Bolivia. Ya le mandamos la carta a José Miguel Insulza (secretario general de la OEA)", dijo Rafael Quispe, un ex dirigente sindical aymara que ahora forma parte de la dirección de la marcha de indígenas amazónicos.

Además, "una comisión del TIPNIS (indígenas de la Amazonia) estará allá en puertas de Tiquipaya (donde se reunirá la OEA) haciendo una vigilia conjuntamente con todos los sectores sociales que no están de acuerdo con esas políticas de violaciones que existen", manifestó Quispe.

Quispe articula también otra marcha desde el poblado andino de Mallku Khota hasta La Paz, contra un proyecto de explotación de plata e indio -mineral utilizado como semiconductor y en pantallas de cristal líquido o táctiles- con el argumento de que su ejecución pueda causar daños ambientales en esa región.

Una filial local de la canadiense South American Silver que opera en la zona desde 2007 tiene planeado invertir hasta 2014 unos 50 millones de dólares para concluir la fase de exploración y de estudios previos para la explotación de los dos minerales.

Tampoco está descartado que una delegación de congresistas de derecha y de familiares de personas sospechadas de haber apoyado a unos mercenarios bolivianos, croatas y húngaros, procesados en la justicia boliviana, demanden atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se trata de un caso ocurrido en 2009 cuando un presunto mercenario boliviano-croata, Eduardo Rózsa Flores, fue muerto a tiros por la policía en un hotel de Santa Cruz, este del país, junto al húngaro-croata Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, quienes supuestamente tenían planes de dividir Bolivia y atentar contra la vida del presidente Evo Morales.

En la operación policial fueron detenidos el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Toasó, pero además una veintena de bolivianos está siendo investigada por la justicia.

Otros opositores de derecha se vieron además obligados a huir de Bolivia a causa de diversos juicios por corrupción que les sigue la justicia a instancias del Gobierno.

El analista Carlos Cordero, profesor de la universidad Católica de La Paz, dijo que el acoso judicial a políticos de oposición se debe a que Morales "quiere hegemonía de poder con miras a las elecciones generales de 2014" en las que quiere renovar su mandato.

Respecto al pedido de asilo a Brasil del senador Roger Pinto, Cordero consideró que "puede enturbiar la reunión de la OEA en Cochabamba, desviando la atención sobre el tema de la persecución" a entre 300 o 500 opositores que, según sus estimaciones, huyeron del país.

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