Colombia: jueces deciden suerte de 2 ex colaboradores de Uribe

BOGOTA ( AP). La libertad de dos cercanos colaboradores del ex presidente Alvaro Uribe estaba el martes en manos de jueces de Bogotá que presidirán sendas audiencias en dos sonados casos por una presunta red de espionaje y por aparentes irregularidades en la entrega de millonarios subsidios agrícolas.

En la primera audiencia pública a partir de las 9 de la mañana, la jueza Marlene Orjuela definirá la suerte de Bernardo Moreno, ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Uribe (2002-2010), señalado de haber formado parte de una red de espionaje desde la policía secreta en contra de magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y opositores.

En mayo pasado, otro juzgado negó enviar a Moreno a prisión bajo el argumento de que, contrario a lo dicho por la Fiscalía General en aquel momento, el ex funcionario no constituía un peligro para la sociedad y que, por lo tanto, se le debía respetar la presunción de inocencia hasta que se llegara a la etapa del juicio.

Sin embargo, "los abogados de las víctimas (del supuesto espionaje) dicen tener nuevas pruebas" y por eso piden que se revoque la decisión de mayo, explicó en diálogo telefónico Jaime Granados, abogado de Moreno, a quien la Fiscalía ya imputó cargos por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública por los cuales podría recibir, en caso de ser hallado culpable, al menos tres años de prisión.

El caso contra Moreno, un economista de 51 años, se refiere a denuncias surgidas en la prensa en febrero de 2009 en torno a que desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) _la policía secreta_, se hacían seguimientos ilegales y se interceptaban los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores durante el gobierno de Uribe.

Desde entonces, al menos una veintena de ex detectives del DAS, casi todos ellos en prisión en la actualidad, han sido vinculados a un complejo expediente del que también forman parte al menos cinco ex colaboradores clave del ex mandatario.

Una segunda diligencia pública está prevista para las 3 de la tarde, cuando el juez penal Orlando Fierro decidiría si envía o no a la cárcel a Andrés Felipe Arias, un economista de 38 años, quien fue ministro de Agricultura del 2006 al 2009.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Arias presentaron ya sus argumentos en sendas sesiones el jueves y el viernes pasados, cuando el juez Fierro dijo que para poder analizar los argumentos de ambas partes precisaba de unos días y convocó entonces la sesión de la jornada.

Sobre el ex presidente Uribe, de 59 años, aún no pesan investigaciones judiciales formales ni por el caso de espionaje ni por el de su ex ministro de Agricultura.

Tanto Moreno como Arias niegan los cargos.

Respecto de Arias, apodado "Uribito" por su parecido físico y afinidad con el ex gobernante, la Fiscalía le imputó ante el tribunal el jueves los cargos de celebración de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales" y " peculado por apropiación a favor de terceros".

El ente investigador, por voz de la fiscal general Viviane Morales, además solicitó al tribunal enviar a Arias a la cárcel para evitar que obstruya la justicia y por " constituir un peligro para la sociedad".

De ser hallado culpable de peculado, Arias podría purgar al menos seis años de prisión.

El caso por el cual Arias es investigado se refiere al llamado programa " Agro Ingreso Seguro" o AIS, implantado en 2007 y que buscaba entregar subsidios al sector agrícola para estimular su producción y competitividad.

Pero, según la Fiscalía, el programa de subsidios carecía de formas de vigilar su correcta aplicación, en un plan que terminó entregando dinero a por lo menos nueve grandes familias o empresas que defraudaron al Estado con trampas como dividir sus fincas en varios lotes para obtener varias veces la asistencia estatal.

Como los subsidios se entregaron bajo la forma de contratos directos, se violaron principios legales como el de la obligación de convocar a licitaciones públicas previas a la entrega de los fondos, de acuerdo con la Fiscalía, pero además Arias sabía de estas irregularidades y aun así continuó con el programa AIS para favorecer sus " intereses políticos". Es decir, apuntalar una candidatura presidencial, que comenzó en 2009 tras dimitir en febrero de ese año a la cartera que dirigía desde 2006.

La defensa de Arias, encabezada por el abogado Javier Aníbal Gómez, rebatió el viernes las acusaciones y dijo que los contratos directos son tan usuales y permitidos en la ley colombiana que el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos renovó en octubre pasado, por dos años, uno que databa de los tiempos de Arias para la zona del departamento del Magdalena, en el norte del país.

El abogado defensor dijo también que el ex ministro fue "engañado" por unos pocos que buscaron sacar ventajas del plan de subsidio, y aseguró que el plan en total benefició a por lo menos 316,000 familias del campo, ocupando más de un millón de hectáreas, y se entregaron 1,5 billones de pesos (unos 852 millones de dólares) a otras 85,000 familias, la mayoría de ellas pequeñas y medianas campesinas.

De acuerdo con la Fiscalía General, los perjuicios al Estado por las irregularidades cometidas por Arias ascienden a unos 43,000 millones de pesos (unos 23,8 millones de dólares). La cifra estuvo por debajo de los cálculos iniciales de la propia Fiscalía, que hablaban de unos 169 millones de dólares.

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