Colombia: ejecución es crimen de lesa humanidad

BOGOTA, Colombia (AP). Un alto tribunal colombiano elevó a la categoría de delito de lesa humanidad el asesinato de un hombre ejecutado extrajudicialmente por militares, en una decisión que abriría el camino para que otros crímenes similares reciban el mismo tratamiento, se informó el viernes oficialmente.

La determinación fue adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca en el homicidio de Fair Leonardo Porras, de 26 años, quien fue reportado por sus parientes como desaparecido en enero de 2008 en una barriada del sur de Bogotá y meses después apareció sepultado en el municipio de Ocaña, a unos 415 kilómetros al noreste de la capital, como un presunto rebelde muerto en combate.

Porras y al menos otros 10 hombres de la barriada de Soacha, al sur capitalino, fueron reclutados por militares y colaboradores corruptos y llevados al noreste del país con inexistentes promesas de trabajo para finalmente ser asesinados, según ha indicado la Fiscalía General.

En su momento, los militares que participaron en estos asesinatos dijeron que los 11 muertos eran delincuentes y rebeldes que fueron muertos en combate.

En el caso de Porras, su familia logró demostrar que tenía una discapacidad mental.

" Lo cierto es que de las pruebas allegadas al juicio se logró demostrar que por lo menos 11 jóvenes de sectores humildes... fueron desaparecidos en una época cercana a la fecha en que se reportó la desaparición de Fair", dijo el tribunal en apartes del fallo a los que tuvo acceso The Associated Press.

El ataque, insistió el tribunal, se produjo contra la población civil.

El asesinato de Porras encaja en las condiciones del Estatuto de Roma para elevarlo al rango de delito de lesa humanidad, añadió el fallo.

Con tal declaratoria, un delito como el crimen de Porras no prescribe, o sea que no será archivado hasta tanto todos los responsables sean llevados ante los tribunales.

Dado que hay otras víctimas de asesinatos bajo las mismas condiciones de Porras, juristas han anticipado que esos casos también serían declarados de lesa humanidad.

En su dictamen, el tribunal condenó a 53 y 54 años de prisión, respectivamente, al mayor en retiro del ejército Marco Wilson Quijano y al teniente en retiro del ejército Diego Aldair Vargas. También fueron condenados a 53 años de cárcel el cabo Carlos Manuel González y los soldados Ricardo García, Carlos Antonio Zapata y Richard Ramiro Contreras. Todos están detenidos en guarniciones militares.

La condena fue por los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, según la sentencia.

Ya el grupo de militares en el caso de Porras, quien según sus parientes y la propia Fiscalía sufrió en su infancia de meningitis, una enfermedad que lo dejó con un alto grado de incapacidad mental, había sido declarado culpable en marzo de 2012 y condenados en mayo de ese mismo año.

Pero los abogados de los militares apelaron ante el Tribunal Superior, que ahora volvió a condenar al grupo y en el caso del cabo y los soldados aumentó la pena de 30 a 50 años de cárcel. Ya el mayor Quijano y el teniente Vargas tenían condenas de 50 años y también se las elevaron a 53 y 54 años.

Militares implicados en otras ejecuciones de hombres de Soacha ya también han sido condenados a penas de entre 28 y 55 años de cárcel.

Al menos 54 militares han sido vinculados por la Fiscalía a los crímenes de los 11 hombres de Soacha, que no tenían relación familiar entre sí.

Que el asesinato de Porras sea elevado a la categoría de delito de lesa humanidad "agrava las penas porque son circunstancias agravantes, pero lo más importante es (que el proceso por el homicidio de Porras) sería imprescriptible", explicó telefónicamente a la AP Guillermo Mendoza Diago, ex fiscal general de la nación entre 2009 y 2011.

Para Mendoza, la sindicación de perpetrador de un crimen de lesa humanidad " no es por instituciones (como el ejército) sino contra personas", es decir, los militares que cometieron las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".

Sin embargo, Fernando Londoño, abogado y ex ministro del Interior entre 2002 y 2003, calificó de "gravísimo" el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca porque en su opinión sí se da por entendido que las ejecuciones extrajudiciales fueron una política generalizada y con ello entonces también se "condena" a toda la institución militar.

" Es lo más grave que ha podido pasar y además abusivo porque los jueces no pueden condenar sino a las personas que participan en el proceso y a quienes les hacen cargos... Entonces, tras de condenar a unos militares, resolvieron condenar a toda la cúpula del Ejército de una vez", agregó Londoño.

El octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) y su entonces ministro de Defensa, el actual mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares -entre ellos tres generales- porque por acción u omisión habría tenido participación en los "falsos positivos".

Las más recientes cifras de la Fiscalía dan cuenta de que al menos 3.000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente sobre todo en los últimos cinco años, aunque hay registros similares desde fines de los años 80, según grupos no gubernamentales. Por los casos más recientes 4.600 uniformados y colaboradores civiles han sido procesados y en cantidad de casos condenados.

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