Colombia extradita a EU a 14 líderes paramilitares

BOGOTA (AP). En una sorpresiva medida, el gobierno del presidente Alvaro Uribe extraditó el martes a Estados Unidos a 14 paramilitares que estaban encarcelados y que habían vuelto a delinquir desde la prisión.

Televisoras locales divulgaron imágenes de la llegada del avión a la terminal de Opa Loka, en Miami, cuando al menos una decena de los 14 extraditados descendían con las manos esposadas y después escoltados a cada lado por un agente de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, en chaquetas negras.

Mark R. Trouville, agente especial de la DEA a cargo del operativo, dijo que de los 14 extraditados, dos se quedaban en Miami, ocho irían a la capital Washington, uno a Nueva York, otro a Texas y dos a Tampa.

Dijo que los que se quedaban en Miami irían directo a un centro de detención federal y que la audiencia judicial será mañana miércoles.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en una nota que como parte de la solicitud de extradición, Washington dio garantías al gobierno de Colombia de que "no pedirá la cadena perpetua para ninguno de los acusados, sino que pedirá penas de cárcel de varios años".

Unas horas antes Uribe dijo en un mensaje en cadena de radio y televisión que tomó la decisión porque el grupo de paramilitares incumplió reglas, acordadas en su desmovilización, al no decir toda la verdad sobre sus crímenes y entregar bienes para reparar a las víctimas.

Aseguró además que Bogotá pidió y Estados Unidos aceptó que tanto funcionarios colombianos como ciudadanos de este país puedan enviar representantes a los juicios en aquella nación.

"El gobierno ha pedido y los Estados Unidos han aceptado, que las riquezas que las personas extraditadas entreguen por acuerdo con jueces de ese país, se dedique a reparar a las víctimas colombianas".

"El país ha sido generoso con ellos, pero el gobierno no puede tolerar la reincidencia en el delito", dijo Uribe, destacando que la extradición no significaba que el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares, iniciado a partir del 2003, hubiera acabado porque, dijo, al menos otros 600 miembros de esas bandas seguían en prisión y colaborando con la justicia.

Al someterse a la llamada ley de Justicia y Paz, los paramilitares se desarmaron, acordaron entregar sus bienes mal habidos para reparar a las víctimas y confesar sus crímenes para poder dar a parientes de desaparecidos y asesinados el derecho constitucional a conocer la verdad.

Al cumplir esas normas, la ley les daba como beneficio una pena máxima de ocho años de prisión y suspender sus procesos de extradición, si los hubiera pendientes.

Citado en una nota de su despacho, el Fiscal General Mario Iguarán dijo que debido a confesiones de paramilitares encarcelados se han podido ubicar a 450 cadáveres de víctimas de estas bandas, dando así "satisfacción, en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura sicológica" por no saber el paradero de sus seres querido.

La medida del gobierno tomó por sorpresa a abogados defensores y grupos de víctimas que han criticado la decisión de Uribe alegando que ahora será muy difícil conocer la verdad sobre sus delitos de lesa humanidad porque el centro de los juicios en Estados Unidos en el narcotráfico.

"Se trata de los principales jefes paramilitares, sin lugar a dudas...y creemos que esta situación (de extraditarlos) puede generar una impunidad generalizada con relación a los procesos que se llevan", dijo en diálogo telefónico Iván Cepeda, del grupo no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.

Sin embargo, altos funcionarios como el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, calificaron de "gran día" la jornada de extradiciones masivas.

Los extraditados "encararán instituciones que para ellos serán menos factible atacar o intimidar...no escaparán a las consecuencias de la justicia", dijo Walters en entrevista telefónica con AP desde Washington.

El grupo de 14 extraditables, que estaba en distintas presiones, fue embarcado temprano en un avión desde Bogotá rumbo a Miami.

Entre los extraditables están Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias "Don Berna", de acuerdo con una lista divulgada por la casa de gobierno. Ambos estaban entre los jefes más reconocidos y activos de esos escuadrones de la muerte a los que se atribuye cientos de asesinatos, así como tráfico de drogas.

Ahora "nunca sabremos que les pasó a nuestros seres queridos...es el momento que ellos digan la verdad, ¿dónde están nuestras familias?", dijo en entrevista telefónica María Eugenia Cobaleda, con dos hermanos Jairo de Jesús, de 31 años, y Oscar Alberto, de 41, secuestrados en abril de 1998 presuntamente por bandas paramilitares al mando de Murillo.

Si Murillo "no lo admite, ¿cómo voy a saber donde están mis hermanos enterrados?", agregó la mujer.

Representantes de organizaciones no gubernamentales expresaron además que el grupo extraditado era "incómodo" para el mundo político colombiano porque fueron algunos de ellos los que dieron ante la justicia colombiana testimonios de sus vínculos con congresistas, en un escándalo que desde 2007 y hasta ahora ha llevado a prisión a 31 parlamentarios y al menos otros 30 son investigados.

Vive la adrenalina de la 7ma temporada


Tu emisora... Parte de tu vida

TITULARES del día

Recibe todos los días en tu mail los titulares más importantes