El Constitucional de El Salvador suspende financiamiento público a partidos

La Sala de lo Constitucional de El Salvador suspendió hoy temporalmente el financiamiento público de los partidos políticos por el incumplimiento de una sentencia que los obliga a publicar el listado de sus donantes, informó el tribunal.

"Suspéndese provisionalmente, en relación con los futuros eventos electorales desde 2018 y a partir de la notificación de esta resolución, el financiamiento público que reciben los partidos políticos a través del mecanismo de la deuda política", reza la resolución.

La medida se circunscribe a los institutos políticos que "no presenten ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los listados completos de sus donantes, con detalle del tipo de donación, de las cuantías de cada una de estas y el destino de dichos fondos".

Según la Sala, el Congreso incumplió una sentencia en la que le ordenó emitir una normativa sobre el "derecho de acceso a la información sobre el origen del financiamiento de los partidos políticos".

El Constitucional también ordenó al TSE "verificar la idoneidad y pertinencia de la información" que le entreguen los partidos políticos e "informar a esta Sala tales circunstancias a más tardar el 31 de diciembre del presente año para la valoración de la continuidad de la medida decretada".

De acuerdo con el Código Electoral salvadoreño, los partidos que participen en las elecciones de consejos municipales, diputados y presidencial "tendrán derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan".

Por los resultados obtenidos en la elección de diputados y alcaldes del 2015, los partidos tienen derecho a recibir aproximadamente 11,36 millones de dólares de los que más del 76 % corresponde al oficialismo y al principal partido opositor.

El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibiría unos 4,22 millones de dólares y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) unos 4,47 millones de dólares.

Los partidos políticos tienen derecho a un anticipo del 75 % de la deuda política ganada en la elección del 2015 al siguiente día en que el TSE convoque para las elecciones del 2018.

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