Córdoba: contactos con FARC fueron públicos y autorizados

Bogotá ( EFE). La senadora colombiana Piedad Córdoba declaró hoy que sus únicos contactos con miembros de las FARC fueron hechos públicos y autorizados por las autoridades, en su primera intervención tras ser inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por supuestamente colaborar con esa guerrilla.

En una rueda de prensa, Córdoba confirmó que como senadora visitó a los encarcelados "Simón Trinidad" y "Sonia", y en otro momento se encontró con "Raúl Reyes", todos ellos ex dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Estuve en las cárceles de Estados Unidos visitando a 'Simón Trinidad' y a 'Sonia', con el conocimiento de las autoridades de ese país (...). Hablé sobre el tema de la posibilidad de una (Asamblea) Constituyente que vinculara al país a otros actores por la decisión del presidente (Álvaro) Uribe en su momento", declaró.

En cuanto a Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", quien era portavoz internacional de las FARC y número dos de la organización hasta su muerte, en 2008, Córdoba señaló que su "única y primera reunión" con él fue conocida "a partir de la entrega de un vídeo a las autoridades".

Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias "Simón Trinidad", miembro del Estado Mayor de las FARC y negociador en las frustradas negociaciones de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana, fue capturado en Quito en 2004, extraditado a Estados Unidos en 2007 y condenado a 60 años de prisión.

Por su lado, Nayibe Rojas Valderrama, alias "Sonia", militó durante 14 años en las FARC y tras ser arrestada fue extraditada en 2005 también a ese país, donde cumple una condena de casi 17 años cárcel por narcotráfico.

"He obrado conscientemente y cumpliendo el Artículo 22 de la Constitución (...). No comparto esta decisión porque se está criminalizando la labor humanitaria", remarcó la senadora en un acto en el que no paró de dar las gracias a todos aquellos que le han expresado su apoyo en estos momentos difíciles.

El procurador general del Estado, Alejandro Ordóñez, sancionó el lunes a la senadora del Partido Liberal, quien fue mediadora con las FARC para la liberación de secuestrados, con 18 años de inhabilitación.

Ordónez dijo estar probada la colaboración de Córdoba con las FARC a partir del análisis de los documentos incautados de los computadores de "Raúl Reyes" tras su muerte en 2008 en un campamento guerrillero ubicado en Ecuador.

Pero Córdoba insistió hoy en su inocencia y señaló que ese fallo, cuyo abogado ha anunciado que apelará, "es el precio que tenemos que pagar muchos por luchar por la paz".

Comentó que, además, responde a una persecución por el simple hecho de pensar distinto y remarcó que "toda la ofensiva de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad o servicio de inteligencia colombiano), la Interpol, la CIA y la DEA (...) son una muestra fehaciente" de su inocencia.

"No se puede criminalizar la tarea humanitaria, la paz no se puede dejar al capricho de unos y otros, la paz es la justicia, es el reconocimiento de las instituciones en una sociedad", insistió.

Aún así, la congresista anunció que seguirá trabajando e instaurando "la medidas necesarias" porque, señaló, "lo que más necesita Colombia es más paz y tolerancia".

"Es muy grave para una democracia que se use garrote para quienes no compartimos la manera de funcionar de un Estado", remarcó.

Aunque reconoció que la decisión del procurador "va a cerrar mucho las posibilidades de trabajar de manera incansable", no le va a amilanar y seguirá en su labor humanitaria porque, manifestó: "la paz es mi compañera de vida".

Y recordó: "hay un testimonio fehaciente y claro, la libertad de secuestrados, es demostración clara de mi trabajo", en alusión a su mediación con la guerrilla para que dejara en libertad sin condiciones a una docena de rehenes.

"No vamos a dejar solos a los secuestrados ni a sus familias, desde la cárcel mismo insistiré en la necesidad de la humanización", agregó.

Estas fueron las primeras declaraciones públicas de Córdoba después de la decisión del procurador, quien, asimismo, pidió que se inicie una investigación penal contra la senadora.

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