Correa apela a demandas para enfrentar a los medios

QUITO (AP). Al calor de una revuelta policial para protestar recortes de sus beneficios en septiembre pasado, el gobierno del presidente Rafael Correa tomó una medida extraordinaria y ordenó que todos los canales transmitiesen la señal de la televisión estatal.

Correa, quien estuvo virtualmente secuestrado durante unas horas, fue rescatado de un hospital sitiado por efectivos del ejército y sobrevivió a la revuelta, pero la orden de transmitir únicamente la señal estatal es vista por muchos medios de comunicación independientes como una prueba de la intolerancia del mandatario e incluso de un desprecio por una prensa crítica.

Los defensores de la libertad de expresión dicen que ese derecho se ha visto más comprometido aún por la política oficial de demandar y pedir penas de cárcel y multas multimillonarias para medios y periodistas a los que el gobierno acusa de difamación.

El gobierno, por otra parte, pidió al electorado que en una consulta popular a realizarse el 7 de mayo decida si se le debe impedir a los propietarios de los medios de comunicación realizar otras actividades y si se debe crear un consejo encargado de regular el contenido de los medios de comunicación.

Estas acciones han causado el rechazo de gremios y periodistas de Ecuador y de observadores internacionales, incluido el Comité para la Protección de los Periodistas y de Human Rights Watch.

"Los periodistas son una molestia para aquellos en el poder" dijo a la AP Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas.

Las demandas "buscan asustar y lograr la auto-censura", desalentando el periodismo de investigación, agregó.

Correa insiste en que lucha contra el periodismo irresponsable y contra los medios de comunicación de propiedad de grupos de poder económico, que según él están empeñados en derrocarlo y a cuyos intereses económicos amenaza con su gestión.

Desde que asumió el cargo en enero de 2007, Correa ha atacado regularmente a los periodistas acusándolos de "corruptos", "mafiosos" y "políticos de oposición encubiertos".

En un discurso de febrero, dijo que algunos eran "verdaderos sicarios de tinta, porque matan la dignidad, el honor de la gente".

El 28 de febrero, Correa demandó por difamación a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita luego de que publicaran el libro "El gran hermano", donde revelan que el hermano mayor del presidente, Fabricio Correa, tenía contratos por 600 millones dólares con el estado, principalmente para la construcción de carreteras, y dicen que el mandatario estaba al tanto.

Correa negó tajantemente que supiera del tema.

En Ecuador los familiares de un presidente no pueden tener contratos con el estado. El hermano del presidente canceló los contratos en cuestión cuando el tema salió a la luz pública.

La demanda busca obtener 5 millones de dólares de cada periodista.

Un mes más tarde, Correa acusó de difamación y pidió tres años de prisión para tres directivos del principal periódico de oposición, El Universo, y para su editor de opinión. La demanda incluye asimismo a la Compañía Anónima El Universo, a la cual pide una indemnización de 50 millones de dólares, mientras que a las personas les reclama otros 30 millones.

La supuesta difamación se produjo en una columna del editor de opinión, Emilio Palacio, titulada "No a las mentiras", en la que se dice que Correa, a quien se describe como un "dictador", debería pensar que "en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente".

Correa se habían refugiado en el hospital después de ser golpeado por policías que se alzaron en septiembre por la eliminación de beneficios económicos. Un operativo del ejército lo rescató tras varias horas al interior del hospital. En ese día murió una decena de personas.

El abogado de Correa, Gutemberg Vera, dijo a la AP que Correa "ha sido en exceso tolerante. Contra él ha escrito Emilio Palacio no menos de 60 artículos. Para nosotros es muy lamentable que nuestro periodismo no despierte, no madure".

Manifestó que los periodistas "deben ser los primeros que deben pedir el honor y la honra de las personas. Ese mal espíritu de cuerpo de proteger a los que injurian y ofenden solo porque son periodistas va a terminar con la libertad de expresión".

Explicó que también demandó a los directivos de El Universo porque era su deber impedir la publicación de "textos perjudiciales".

Ninguno de los directivos quiso comentar el asunto, pero Palacio dijo a la AP en Guayaquil, donde está la sede de El Universo, que Correa "me quiere destruir".

Este periodista ha escrito una serie de artículos de opinión donde reiteradamente llama a Correa dictador, a su gobierno dictadura, o régimen totalitario, y ha sido un permanente crítico de la teoría de golpe de estado que mantiene el gobierno al hablar de la revuelta policial del 30 de septiembre.

Palacio dijo que apelará, si es necesario, a las máximas instancias judiciales dentro y fuera del país, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo autónomo con sede en Washington.

Human Rights Watch condenó el juicio y pidió a Ecuador que derogue de su ordenamiento jurídico los procesos penales por difamación.

El director de la fundación Fundamedios, César Ricaurte, afirmó a la AP que las demandas efectivamente inducen a "los periodistas a no investigar al poder, a no opinar en contra del poder, ya que podrían ser enviados a la cárcel o ser destruidos económicamente".

Una de las 10 preguntas de la consulta popular de mayo busca crear un organismo de control gubernamental para regular el contenido de los medios de comunicación en temas como la violencia, sexo explícito y la discriminación.

El director de la sede en Nueva York del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon, escribió el 18 de abril una carta abierta a Correa, expresando su "profunda preocupación sobre el compromiso de Ecuador con la libertad de expresión" y puntualizó que un organismo de control "abriría la puerta de la censura al gobierno".

Los defensores de la libertad de expresión comparan el comportamiento de Correa al de Hugo Chávez y Evo Morales.

"Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y ahora Ecuador tienen poca tolerancia para los medios de comunicación", dijo Juan Javier Zeballos, director de la Asociación de Periodistas de Bolivia.

En Venezuela, Chávez ha recurrido a los tribunales y las leyes aprobadas por un congreso dominado por el oficialismo para castigar a los medios de comunicación y a la oposición.

Aunque actúa dentro de la ley, los detractores del mandatario venezolano dicen que apela a las licencias y a leyes especiales para demandar a decenas de periodistas.

Una ley contra el racismo propuesto por el gobierno de Morales, por su parte, permitiría a las autoridades cerrar los medios de comunicación en Bolivia. Sus críticos dicen que la ley propuesta podría utilizarse de manera arbitraria para silenciar a los críticos del gobierno.

Los ataques a la libertad de prensa no se limitan, por supuesto, a los países con gobiernos de izquierda.

En Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Bogotá, señala que desde hace ocho años, coincidiendo con el gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010), se registra una tendencia al acoso judicial y se "echa mano a demandas por injuria y calumnia para obstaculizar el trabajo de los periodistas".

Hay el manos 38 demandas judiciales contra periodistas presentadas por políticos y funcionarios públicos que van desde ex presidentes a ex magistrados.

La FLIP ha dicho que numerosos periodistas han sido espiados, amenazados o desprestigiados por la inteligencia colombiana durante el gobierno de Uribe. Y a ello se suman numerosas denuncias de amenazas de parte de grupos paramilitares.

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Esta nota contó con el aporte de los periodistas Jorge Rueda, de Venezuela; Vivian Sequera, de Colombia, y María Paola Flores, de Bolivia

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