Correa niega estatización de medios de prensa incautados

QUITO (AP). El presidente Rafael Correa negó que el gobierno busque controlar medios de comunicación recién incautados, mientras se reiteraban el jueves los llamados en defensa de la libertad de expresión, en tanto la Asamblea Constituyente respaldó lo actuado.

"Estos medios de comunicación forman parte de las propiedades de los responsables de un atraco bancario, que tienen que responder con ellas para que se haga justicia. Este es un acto de dignidad y justicia", aseguró Correa el miércoles en un discurso público.

"¿Les parece que incautarlos pueda significar como ya dicen algunos, 'un ataque a la libertad de expresión'?", agregó.

Correa aseguró que "estas propiedades, legalmente incautadas, no serán manejadas por el Estado como algunas informaciones perversas han tratado de insinuar", y agregó que "saldrán, en el plazo más corto posible, a subasta".

La incautación de cerca de 200 bienes, incluidos dos canales de televisión abierta y uno de televisión por cable, fue ordenada el martes por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), una entidad gubernamental.

Las primeras propiedades en ser incautadas fueron las televisoras, y de las restantes, unas pocas ya están en manos de interventores estatales mientras que de la mayoría aún no se tiene información.

Se trata de firmas del área agrícola, comercial, de seguros y de la construcción, entre otras, muchas de ellas poco conocidas.

Las incautaciones se aplicaron para cubrir deudas con acreedores del desaparecido banco Filanbanco, que cerró en 1998 siendo propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, quienes viven en Estados Unidos y enfrentan en Ecuador juicios penales. Incluso están pedidos de extradición por la justicia ecuatoriana acusados de peculado.

Varios sectores han expresado sus reservas sobre que el gobierno haya designado como administradores y directivos temporales a funcionarios del canal del estado y otros sostienen que la medida fue política frente a la proximidad del referendo en el que se aprobará o negará la nueva Constitución que redacta la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo.

En una publicación que aparece el jueves en las primeras planas de los diarios nacionales, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) rechazó "posibles acciones en contra de la libertad de expresión".

También pidió al gobierno "se inhiba de utilizar los medios incautados para promover sus proyectos y programas, especialmente tomando en cuenta la coyuntura electoral".

Por otro lado, con 89 votos a favor del total de 130 asambleístas, la Asamblea Constituyente, controlada por una mayoría oficialista, ratificó la noche del miércoles "la plena validez" de la decisión de la AGD.

La Asamblea, que además cumple la función legislativa en reemplazo del disuelto Congreso, decretó que la acción de la AGD "no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial" y si se hubiere interpuesto "será archivada".

Agrega que los jueces no deberán admitir esas acciones "bajo pena de destitución".

José Guerrero, abogado de los hermanos Isaías, a quienes imputan la propiedad de los casi 200 bienes incautados, sostuvo que "todo el que comete un acto injurídico necesita un blindaje ... esta resolución de incautación, es injurídica, improcedente, inmoral y política".

Alvaro Dassum, primo de los hermanos Isaías dijo que "es un atropello ... a mí me quitan (el canal) por deudas de otras personas". Dassum es dueño de ese medio desde el 2000 cuando compró las acciones a sus primos.

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