CorteIDH ordena Venezuela levante sanciones a opositor político

CARACAS (AP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de un opositor venezolano que demandó al estado de Venezuela por supuesta violación a sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impiden postularse a un cargo de elección, indicó el propio demandante, el ex alcalde Leopoldo López.

"Lo logramos, se hizo justicia. Estoy habilitado. Un triunfo de todos los que hemos luchado por los derechos y la justicia. Ganó Venezuela!", dijo López a través de su cuenta en la red social de Twitter.

"Con la decisión de la CorteIDH. A seguir trabajando para construir #LaMejorVzla", expresó en otro mensaje a través de Twitter.

López, de 40 años y quien aspira a ser candidato presidencial en los comicios de 2012, en marzo del 2008, presentó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia que inicialmente es la que somete a consideración un pleito y decide si lo entrega o no a la Corte para que falle.

La Comisión pasó el caso a la Corte en diciembre del 2009 y le solicitó ese tribunal que declarara que el Estado venezolano violó los derechos políticos de López.

Carlos Vecchio, cercano colaborador del ex alcalde, explicó que la Corte ordenó al "Estado venezolano asegurar a través de los órganos competentes y particularmente del Consejo Nacional Electoral, que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación... como candidato en los procesos electorales posteriores a emisión de la sentencia".Vecchio agregó que el dictamen "tiene vigencia ya, no hay que esperar alguna decisión u orden para que la decisión sea respetada".

Uno de los abogados de López, Enrique Sánchez, comentó que la sentencia "expresa que las inhabilitaciones políticas por vía administrativa son absolutamente incompatibles con la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

La Corte, hasta ahora no ha revelado oficialmente si el dictamen fue a favor o en contra de López, en todo caso la decisión fue unánime, indicó el 2 de septiembre el presidente y magistrado del alto tribunal, el peruano Diego García Sayán durante el reciente 92 período de sesiones en Bogotá.

Las normas internas de la Corte establecen que el contenido del fallo sólo puede ser divulgado luego de que se informe a las partes, lo cual suele demorar varios días.

El canciller venezolano Nicolás Maduro en declaración a periodistas afirmó que poco después que las autoridades venezolanas no se pronunciaran hasta tanto estudie el contenido de la sentencia.

"Apenas sabemos que ha salido publicado esto, preferimos estudiarlo y hacer un pronunciamiento en base al conocimiento real sobre lo que ha sido decidido por la CIDH, en todo caso debe quedar claro que la lucha contra la corrupción y los corruptos seguirá", dijo Maduro a la prensa.

El canciller recordó que "en Venezuela existe un orden jurídico establecido, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el poder ciudadano, esta es una decisión más, será estudiada y en su momento las instituciones se pronunciarán".

Sus aliados celebraron la decisión en una conferencia de prensa, uno de ellos sosteniendo una copia de la sentencia.

El dirigente venezolano alegó en su demanda que el Estado violó sus derechos políticos al imponerle una inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de funciones públicas prohibiendo su participación en las elecciones regionales del 2008.

López argumentó que su sanción fue una medida administrativa y no una condena penal firme dictada por un juez competente, lo que iba contramano a los estándares convencionales.

López fue inhabilitado a mediados del 2005 por la Contraloría General, entidad encargada de controlar la gestión fiscal, porque ese organismo determinó que el político recibió entre 1998 a 2001 donaciones para su movimiento por parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuando la madre de López, Antonieta Mendoza de López, trabajaba en esa petrolera.

López sostiene que los datos de la Contraloría fueron "manipulados" porque lo que hubo fue en 1998 la aprobación de un proyecto por parte de la junta directiva de PDVSA para "Primero Justicia" que en ese momento era un grupo no gubernamental encabezado por López.

La ONG de López ganó el apoyo a su plan de crear jueces de paz en distintas zonas de Venezuela, uno de los 25 proyectos aprobados en aquel año por la junta directiva de la petrolera y de la cual no formaba parte la madre del político. Primero Justicia posteriormente se convirtió en partido político.

López fue elegido en las elecciones de agosto del 2000 como alcalde del pequeño municipio de Chacao, en el estado venezolano de Miranda, vecino a Caracas. Fue reelegido en los comicios de octubre del 2004 y permaneció en el cargo hasta noviembre del 2008, cuando aspiraba a presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas.

Las sanciones de la contraloría comienzan a regir a partir de que un funcionario deja su cargo, los seis años de inhabilidad comenzaron a correr en 2008.

Debido a la sanción impuesta y ante el rechazo de diferentes apelaciones ante la justicia venezolana, López no pudo presentar su candidatura a comicios regionales del 2008.

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