Costa Rica: gobierno descarta anular concesión a minera

SAN JOSE ( AP). La presidenta Laura Chinchilla descartó el martes anular una concesión para una explotación de oro a cielo abierto en el norte del país otorgada por el gobierno anterior.

Grupos ambientalistas impugnaron el decreto emitido por el ex mandatario Oscar Arias, pero días atrás el la Sala Constitucional declaró que no viola las normas constitucionales y aclaró que el gobierno tiene la potestad de anular o no una concesión minera.

La gobernante afirmó que por el momento no se anulará la concesión porque hacerlo implica una compensación de unos 1,700 millones de dólares para la empresa y porque espera otro fallo de Tribunal Contencioso Administrativo relacionado.

Actualmente el proyecto está paralizado por orden judicial a raíz de una demanda del grupo ecologista Apreflofas presentada desde 2008 y que tendrá una audiencia el próximo 11 de agosto.

El Ejecutivo además remitirá al Congreso un proyecto para retocar el Código de Minería, prohibiendo en el país la industria de extracción, tanto mineral como de petróleo y emitirá directrices a cargo del ministerio de Ambiente " para poder garantizar lo que es el tema de monitoreo y control de este proyecto en particular", dijo la presidenta.

El proyecto Crucitas tiene más de una década de estar en proceso. Se trata de una explotación de oro de una subsidiaria de la canadiense Infinito Gold y está situado a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.

Chinchilla y el vicepresidente Alfio Piva, encargado de los temas ambientales, explicaron que atendiendo el fallo de la Sala Constitucional, llamaron a formar una comisión que vigilará la operación minera, en caso de que reciba luz verde.

La mandataria dijo valorar " profundamente la posición tan fuerte y sólida que ha venido creciendo en Costa Rica a favor de una conciencia en materia de sostenibilidad ambiental y creo que ese es un valor con el que muy pocos países en el mundo cuentan... pienso que Costa Rica va bien orientada", pero recordó que el tema se ha "consolidado" a lo largo de cuatro administraciones.

Días atrás un grupo de activistas caminó desde la capital hasta la sede del proyecto, casi 200 kilómetros, para solicitar a las autoridades eliminar los permisos para la operación de la mina.

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