Dictan prisión preventiva a 5 imputados por "club de la construcción" de Perú

Una jueza peruana dictó 18 meses de prisión preventiva contra cinco supuestos miembros del "club de la construcción", conformado presuntamente por al menos 30 empresas nacionales y extranjeras para sobornar a funcionarios a cambio de obras públicas, informó hoy un comunicado oficial.

Entre los cinco imputados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal solo hay hasta ahora un detenido, que es Carlos Eugenio García, exasesor del despacho viceministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre 2011 y 2014.

La magistrada María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dictó sendas ordenes de captura para los otros cuatro investigados, que son Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Tejeda, Félix Málaga y Luis Prevoo.

Las medidas fueron dictadas a petición de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, encargada de investigar el caso.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los miembros del "club de la construcción" pactaban y se distribuían la adjudicación de obras públicas del Estado peruano en función a los sobornos, pagados fundamentalmente a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La existencia del "club de la construcción" se conoció este mes gracias al testimonio de un colaborador de la Justicia peruana vinculado con los sobornos pagados por constructoras brasileñas a funcionarios peruanos, lo que conllevó el allanamiento de las oficinas de Graña y Montero, ICCGSA, OAS, Andrade y Gutiérrez, y Obrainsa.

En diciembre se ordenó prisión preventiva durante 18 meses para los ejecutivos peruanos José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro, de Graña y Montero; Fernando Camet, de JJCamet, y Fernando Castillo, de ICCGSA, constructoras que se asociaron con Odebrecht en proyectos ganados mediante sobornos pagados por la compañía brasileña.

El sábado pasado, la Primera Sala de Apelaciones Nacional revocó la prisión preventiva dictada contra Camet, Castillo y Ferraro, lo que ha motivado una investigación por parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), según informó hoy ese organismo.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica por los sobornos entregados por la compañía brasileña en distintos países para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, además de por financiar las campañas electorales de los principales candidatos.

En Perú, donde pagó sobornos entre 2005 y 2014, las investigaciones afectan a toda la primera plana política.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht.

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