Disidentes acusan prensa cubana de violar correspondencia

LA HABANA (AP). Disidentes cubanos acusaron ante la Fiscalía a varios periodistas de los medios de comunicación oficiales, militares y a una funcionaria de la cancillería por difundir llamadas privadas y correos electrónicos interceptados por el gobierno, informó el martes el grupo de denunciantes.

La acción es la respuesta de Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y Jorge Luis García (alias "Antunez") a una denuncia televisiva realizada hace tres meses por las autoridades en el sentido de que estos opositores recibieron dinero de un anticastrista violento de La Florida a través del entonces jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en esta capital, Michael Parmly.

Una copia de la querella interpuesta por los disidentes fue entregada el martes a periodistas extranjeros durante una conferencia de prensa en la cual tal como lo hicieron antes, los activistas rechazaron decir si era o no cierta la inculpación del gobierno, que por su actividad política suele calificarlos también de "mercenarios" al servicio de una potencia extranjera.

En cambio los opositores se concentraron en señalar que durante las transmisiones de Mesas Redondas, un espacio televisivo diario que el gobierno suele usar para fijar su posición, el 19, 20 y 21 de mayo, se mostraron a manera de "prueba" de las incriminaciones oficiales mensajes de correo privados y difundieron llamadas telefónicas.

"Estos delitos (violar la correspondencia y llamadas y difundirlos) son perseguibles por parte de las autoridades", explicó Roca.

El canciller Felipe Pérez Roque también avaló las acusaciones contra los disidentes.

El nuevo documento de los activistas denuncia a los locutores Randy Alonso y Reinaldo Taladrid; a la funcionaria de la cancillería Josefina Vidal; al director del periódico Granma y diputado Lázaro Barredo, al ex militar Manuel Hevia y al Adalberto Rabeiro de haber transgredido los artículos de la Constitución y el Código Penal que sancionan estas actividades.

Los disidentes admitieron que el gobierno tiene potestad para intervenir llamadas o controlar la correspondencia de los ciudadanos, pero hacer público su contenido lo consideraron un delito.

Roque, quien fue la única mujer entre 75 disidentes arrestados en 2003 por recibir dinero e instrucciones de Washington, exigió que les concedan espacio en Mesa Redonda para contar su versión de los hechos, pues las veces que sus palabras fueron transmitidas por televisión se las manipuló, señaló. Una veintena de los opositores detenidos entonces recibieron "licencias extrapenales", la cual les permite tener libertad vigilada por razones de salud.

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