Duterte reta a diputado opositor a que le lleve a la corte penal de La Haya

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, retó hoy a un diputado opositor a que lo denuncie ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las muertes de su campaña contra las drogas, un día después de que el Parlamento desestimase el caso.

"Puede seguir con ello. Es libre de hacerlo. Esto es una democracia", dijo Duterte en una rueda de prensa tras ser preguntado por la posibilidad de que el diputado Gary Alejano decida presentar una demanda contra él en el tribunal de La Haya.

Alejano mostró su intención de recurrir al tribunal internacional -donde ya hay otra demanda pendiente contra Duterte- después de que el parlamento filipino rechazara ayer por unanimidad una moción para inhabilitar al mandatario por su supuesta implicación en asesinatos y otros delitos.

El presidente filipino aprovechó para defender la polémica "guerra contra las drogas" que, según estimaciones de activistas y prensa local, ha causado más de 7.000 muertos desde su llegada al poder en junio del año pasado.

"Hace cinco años no sabíamos que la narcopolítica estaba aquí. Hasta que fui presidente no comprendí la gravedad de la situación", afirmó.

Duterte acusó además a Estados Unidos y la Unión Europea de "seguir el juego a la oposición" del país al ejercer presión en contra de la campaña antidroga.

También calificó como "basura" las acusaciones de Alejano, cuyo partido integra a militares que dieron un golpe de estado fallido en 2003, y preguntó sarcásticamente a la prensa si "alguien cree que yo sería capaz de ordenar el asesinato de un niño".

El tribunal de La Haya ya cuenta con una demanda presentada contra Duterte por "crímenes contra la humanidad".

La petición, remitida a finales de abril por el abogado filipino Jude Josue Sabio, sostiene que el mandatario cometió "asesinatos en masa" en la campaña contra las drogas que lleva a cabo como presidente del país (desde junio) y también en los 22 años que fue alcalde de la sureña ciudad de Davao (1988-98, 2001-10 y 2013-16).

La Oficina Presidencial de Filipinas mantiene que esta demanda carece de base y espera que la corte internacional la desestime.

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