Duterte promete zanjar en 48 horas el conflicto musulmán en Mindanao

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se comprometió hoy a firmar en un plazo de 48 horas un pacto fundamental encaminado a zanjar el conflicto separatista musulmán en la sureña isla de Mindanao, uno de los enfrentamientos más longevos de la región.

La promesa, realizada durante el discurso sobre el Estado de la Nación, se produce después de que desavenencias internas en el Legislativo bicameral aplazaran este lunes la votación de la Ley Orgánica del Bangsamoro, destinada a ampliar la autonomía de esta región de mayoría musulmana y donde actúan varios grupos armados.

Las desavenencias impidieron que, tal y como estaba previsto, Duterte ratificara la norma antes de su discurso anual.

"Me comprometo solemnemente a que esta Administración nunca negará a nuestros hermanos y hermanas musulmanes las herramientas legales básicas para trazar su propio destino dentro del marco constitucional de nuestro país", señaló Duterte.

Después de que la norma fuera aprobada esta mañana por el Senado, un conflicto sobre el liderazgo en la Cámara de Representantes frenó allí la votación.

La disputa se saldó con la destitución del presidente de la Cámara Baja, Pantaleón Álvarez, y el nombramiento en su lugar de la expresidenta Gloria Macapagal, quien gobernó el país entre 2001 y 2010.

Duterte defendió la norma como un instrumento fundamental para lograr paz y estabilidad en la isla de Mindanao, ya que da validez legal al armisticio firmado en 2014 con el Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), alzado en armas desde 1984.

"La guerra no es una opción en Mindanao. Hemos visto el horror, la devastación y las pérdidas humanas en Marawi", apuntó el presidente sobre la guerra que se libró en esa ciudad entre mayo y octubre del año pasado contra el Grupo Maute, afín al Estado Islámico, en la que murieron cerca de un millar de personas.

Después de cuatro años de trámites y discusiones, un comité bicameral cerró la semana pasada el texto definitivo de Ley Orgánica de Bangsamoro, que incluye disposiciones propuestas desde las dos cámaras del Congreso y los gobiernos nacional y regional.

Según la nueva norma, se abolirá la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM, en inglés) -en el extremo occidental de la isla- para crear una nueva provincia que tendrá un gobierno regional y mayor autonomía fiscal, así como Parlamento y sistema de justicia propios.

Bangsamoro mantendrá los límites de la ARMM, que incluye las provincias Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao y Lanao del Sur, donde deberá celebrarse un plebiscito de ratificación en un plazo de cinco meses tras la aprobación parlamentaria de la ley.

Esta ley es resultado de la paz firmada en marzo de 2014 entre el Gobierno del presidente Benigno Aquino y el FMLI, acuerdo por el que los rebeldes se comprometieron a renunciar a la independencia y la lucha armada a cambio de crear una región autónoma gobernada por ellos.

Duterte también instó al Congreso a aprobar pronto el borrador de de la nueva Carta Magna para transformar Filipinas en un sistema federal, una reforma que es precisa para dar amparo constitucional a la Ley Orgánica del Bangsamoro.

El documento, que ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, contempla que para dar el salto al federalismo se creará, en un plazo de seis meses tras su aprobación parlamentaria, un gobierno de transición, lo que obligará a Duterte a abandonar el cargo antes del fin de su mandato en 2022.

Ese gobierno de transición dirigirá el país hasta junio de ese año, cuando el nuevo presidente electo durante los comicios previstos en mayo asuma su cargo.

En su discurso anual, el presidente, de 73 años, también aseveró que su polémica guerra contra las drogas "está lejos de terminar" y garantizó que se mantendrá "tan implacable y escalofriante como el primer día".

"Si creéis que se me puede disuadir de continuar esta pelea con vuestras protestas, os equivocáis. Vosotros os preocupáis por los derechos humanos, yo me preocupo por las vidas humanas", señaló el presidente a los activistas que se manifestaron hoy en las calles.

Además de los más de 4.200 muertos en sangrientas redadas policiales, en estos dos años se han producido más 23.500 homicidios aún en investigación, de los que entre 12.000 y 15.000 serían asesinatos amparados en el clima de impunidad de la campaña, según esgrimen organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Recibe todos los días en tu mail los titulares más importantes

Es momento de sentir, nuevamente, la adrenalina. #PonteC7