EEUU: Fallo sobre rastreo con GPS ha dejado dudas

ETIQUETAS

Los jueces de Estados Unidos lidian con los efectos de un fallo de la Corte Suprema de hace dos años sobre el rastreo con GPS, y han llegado a conclusiones contradictorias sobre las implicaciones del caso.

La opinión emitida en enero de 2012 tras el caso Estados Unidos vs. Jones estableció límites constitucionales para el uso de tecnología de geolocalización con el fin de seguir a presuntos delincuentes. Pero los distintos argumentos legales ofrecidos por los magistrados han dejado un panorama legal embrollado para la policía y los jueces de cortes menores, que han pasado apuros los últimos dos años para definir cómo y cuándo aplicar al decisión, en especial en tiempos en que nuevas tecnologías surgen más rápido que las opiniones judiciales.

El resultado es que las cortes de diferentes jurisdicciones han llegado a diferentes conclusiones sobre temas similares, dando poca uniformidad a jueces y agencias del orden sobre cuestiones constitucionales primordiales. Los avances tecnológicos generan más y más presión sobre el tema, y ello se ha visto magnificado por el debate nacional sobre privacidad derivado de la revelación del espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional a los registros telefónicos.

"Las cortes están patas arriba en todos estos temas", dijo Hanni Fakhoury, abogada del grupo defensor de la privacidad Electronic Frontier Foundation.

Entre las preguntas que deben resolver, se encuentran: ¿Debe aceptarse en juicios la evidencia reunida con GPS antes de la decisión de 2012? ¿Cuáles son los derechos de un pasajero que viaja en un auto que es rastreado con GPS? ¿Cómo puede afectar el fallo otros tipos de tecnología, como las cámaras de vigilancia instaladas en postes y los dispositivos "Stingray" que capturan datos de teléfonos celulares?

Esa ambigüedad fue exhibida la semana pasada, cuando una corte federal de apelaciones en Atlanta dictaminó en el proceso de un hombre encarcelado por robo que los investigadores necesitan una orden de cateo para tomar datos de rastreo de torres de telefonía celular, evidencia que las autoridades usan para relacionar la ubicación de un sospechoso con el lugar donde se comete un crimen.

Pero una corte de apelaciones en Nueva Orleáns autorizó el año pasado el rastreo mediante telefonía celular sin orden de cateo en un caso que presentó temas legales similares. Un caso federal relacionado en Michigan se encuentra actualmente en apelación.

Las cuestiones forman un debate más amplio sobre cómo debe la policía abordar "circunstancias de ambigüedad legal", dijo el exfiscal federal Caleb Mason, quien ha escrito sobre el caso Jones.

Los jueces que decidieron el caso Jones dijeron que colocar un dispositivo de rastreo por GPS en el vehículo del sospechoso Antoine Jones contravenía la Cuarta Enmienda constitucional, que prohíbe cateos injustificados. Pero no declararon que siempre era necesaria una orden de cateo, un punto de suma relevancia, ya que no todos los cateos requieren orden judicial, y produjeron tres opiniones separadas en las que ofrecieron explicaciones legales por sus puntos de vista.

Uno de los magistrados, Samuel Alito, escribió que el cambio tecnológico puede alterar la expectativa de privacidad del público, y que quizá los legisladores tienen una mayor capacidad que los jueces para dar cuenta de los cambios.

Esas cuestiones probablemente volverán ante la Corte Suprema, dijo Brian Hauss, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles. La policía debe tener reglas claras que sean válidas para diversas tecnologías, dijo.

"Por el momento, operan en un área de total confusión, sin chequeos significativos judiciales sobre su autoridad", agregó.

Recibe todos los días en tu mail los titulares más importantes

Es momento de sentir, nuevamente, la adrenalina. #PonteC7