Empleados públicos adhieren a paro en Chile

SANTIAGO DE CHILE (AP). Los empleados públicos adhirieron el miércoles a un paro de 24 horas ante la falta de acuerdo entre el gobierno y los dirigentes laborales para el reajuste salarial que debe entrar en vigor en diciembre.

Por lo menos unas 6,000 personas marcharon en solidaridad con el paro en una ruidosa manifestación por el centro de la capital chilena con carteles y haciendo sonar sirenas y con tambores. No hubo incidentes, pero en la norteña ciudad de Copiapó la policía dispersó a unos 3,000 manifestantes y detuvo a seis de ellos, según las autoridades.

El gobierno ofrece un aumento del 3,7%, mientras que los trabajadores exigen un 8,9%. Las conversaciones entre ambas partes no prosperaron, pese a que los dirigentes laborales señalaron estar dispuestos a bajar su demanda si las autoridades incrementan otros beneficios.

Dirigentes sindicales informaron que el 90% de los empleados públicos adhirieron al paro, pero el gobierno, en cambio cifró en 11% la adhesión al paro de los 400,000 empleados públicos.

"Las cifras que tiene nuestro gobierno son que ha tenido una adhesión baja, con suerte va hoy día a llegar al 10, 11%", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Sostuvo que los principales servicios públicos funcionaron con normalidad, aunque en muchos de ellos la paralización causó trastornos al público que llegó a hacer trámites y no fueron atendidos.

En cambio, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, dijo que "calculamos un 90% de respaldo a nivel nacional".

Denunció el amedrentamiento y la existencia de listas de adherentes al paro en algunos de los servicios públicos en un intento por evitar la manifestación.

La Asociación reclama también por la precariedad laboral de unos 100,000 empleados públicos que tienen contratos hasta fin de año. El nuevo gobierno ya despidió a unos 5,000 funcionarios del estado y se dispondría a efectuar nuevos recortar al no renovar los contratos anuales.

El gobierno debe enviar al Congreso antes del 30 de noviembre el proyecto que concede el aumento salarial a partir del 1 de diciembre, pero hasta ahora ha dilatado la tramitación.

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