Empresarios piden reforma de ley "Antiodebrecht" peruana porque daña la economía

Empresarios, analistas y economistas peruanos coincidieron hoy en pedir la reforma y mejora del Decreto de Urgencia 003, la normativa creada para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, y pidieron una nueva versión que evite daños a la economía y el empleo.

A punto de cumplirse el plazo de caducidad del decreto (13 de febrero), el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski deberá revisarlo, anularlo o promulgarlo nuevamente y, en esta ocasión, todos los expertos consultados por Efe consideraron que se espera que el Ejecutivo escuche sus quejas y plantee una norma "que permita la restitución y la reparación económica al Estado sin ahogar a las empresas".

El Decreto 003 ordena la intervención de cuentas, prohíbe contrataciones estatales y controla de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.

En un principio solo Odebrecht caía en esos criterios, si bien luego la norma se amplió para que afectara a los socios, lo que ha ido ramificando y puesto en entredicho a la gran parte de las empresas constructoras peruanas, que a su vez también se han visto envueltas en otros escándalos paralelos de corrupción.

Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), lamentó en declaraciones a Efe que la norma original se hiciera "de forma irresponsable" y que luego fuera "empeorada por el Congreso".

"No se recaudó el dinero para posibles reparaciones, y por otro lado, todas las obras están paralizadas, el sistema financiero ha cortado la financiación, la cadena de pagos se interrumpió y hay gran cantidad de proveedores perjudicados (...). En resumen, fue un fracaso. Es necesario que sea modificado. Por eso saludamos que por fin se escuchen voces que están solicitando un enfoque distinto", afirmó Mongilardi.

El presidente de la CCL apuntó que la solución sería un nuevo decreto que impida "la quiebra" de las empresas, sin que se evite el cobro de las reparaciones del Estado en caso de que la Justicia así lo requiera.

"Hay que encontrar un mecanismo pragmático para que funcionen si que puedan escapar, sin cálculos políticos y sí con evaluaciones objetivas", añadió.

Del mismo modo se expresó Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien valoró que el Gobierno esté ahora trabajando en resolver "una potencial crisis" al buscar una reforma del decreto que "encuentre el equilibrio" entre asegurar las indemnizaciones y no romper la cadena de pago.

Macera apuntó que una solución podría se establecer fideicomisos que administren la liquidez de las empresas vinculadas a la corrupción, preservando un buen monto para indemnizaciones.

Por su parte Elmer Cuba, analista y miembro del directorio del Banco Central de Reserva de Perú, también apostó por una solución "funcional", que garantice "que haya algo para cobrar" en caso de que la Justicia condene a las empresas corruptas, pero que a su vez no establezca barreras que "hagan quebrar a las compañías".

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