España limita la competencia internacional de sus tribunal

MADRID ( AP). El Congreso de los Diputados enmendó hoy jueves la ley que ha permitido a los tribunales españoles investigar, entre otros, al ex dictador chileno Augusto Pinochet, limitando la competencia internacional de los jueces a casos en los que haya un vínculo claro con España.

La reforma no tiene carácter retroactivo, por lo que en principio no afecta a la docena de casos que siguen pendientes de resolución, como el asesinato de los sacerdotes jesuitas en El Salvador en 1989, las presuntas torturas de presos en la prisión de Guantánamo, en Cuba, y un bombardeo del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza que mató a 14 civiles.

La modificiación, incluida en un paquete más amplio de nuevas medidas judiciales, fue aprobada por la mayoría abrumadora de la cámara, con 341 votos a favor sobre 350 escaños.

El texto todavía debe ser ratificado por el Senado antes de entrar en vigor, aunque el acuerdo alcanzado en esta materia por el gobierno socialista y la oposición conservadora del Partido Popular le garantiza el apoyo suficiente para salir adelante sin mayores contratiempos.

En los últimos años, algunos jueces, como Baltasar Garzón, han esgrimido el llamado principio de justicia universal para investigar crímenes contra la humanidad, genocidio y otros delitos cometidos fuera de sus fronteras, poniendo en marcha casos tan sonados como el de Pinochet en 1998, que marcó un hito en la historia de la justicia española y tuvo gran repercusión en el mundo.

La reforma aprobada por la cámara baja restringe la jurisdicción de los magistrados a aquellos procesos en los que, por un lado, haya víctimas españolas y, por otro, los presuntos responsables del delito residan en España.

La justicia universal, tan defendida por muchos, también ha sido una fuente de conflictos diplomáticos con otros países, como Israel o Estados Unidos, que han expresado públicamente su malestar con los tribunales españoles al considerar que estaban invadiendo sus competencias.

Para evitar problemas de política internacional, tanto el Partido Socialista como el Popular, enfrentados prácticamente en todo, hicieron a un lado su diferencias y pactaron la reforma.

La organización Human Rights Watch, que hace un mes firmó junto a un centenar de organismos y grupos defensores de los derechos humanos un manifiesto en contra de la enmienda, dijo el jueves en un comunicado que a partir de ahora las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perderán uno de los pocos lugares a los que podían acudir en busca de ayuda.

" La opinión pública española se puede enorgullecer justificadamente del papel que ha jugado su país en promover la justicia", señaló Human Rights Watch. " Es deplorable que gobierno español capitule ante las presiones diplomáticas para buscar resarcimiento".

Todos estas organizaciones precisaron en su momento que si la ley sale finalmente adelante siempre cabría un último recurso para frenar la norma ante el Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial de España.

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