España pide ampliar estado de alarma

MADRID ( AP). El gobierno español pidió el martes al parlamento prorrogar el estado de alarma y mantener a los controladores aéreos bajo autoridad militar hasta el próximo 15 de enero, con el objetivo de garantizar el tráfico aéreo durante la Navidad.

El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba explicó en rueda de prensa que se propone ampliar el plazo inicial de 15 días de esta medida de emergencia, teniendo en cuenta el volumen de desplazamientos que se producen durante las fiestas navideñas.

" Entendemos que la prórroga es necesaria", dijo Pérez Rubalcaba tras una reunión extraordinaria del gabinete. " Es la obligación del gobierno garantizar que nuestro sistema de aeropuertos, que nuestro control de tráfico aéreo vuelve absolutamente a la normalidad".

El gobierno decretó el estado de alarma el pasado 4 de diciembre, después de que una huelga salvaje de controladores obligase a cerrar el espacio aéreo español y dejase varados a cerca de 600,000 pasajeros en el inicio de uno de los puentes festivos más importantes del país.

La Constitución autoriza al gobierno a ordenar la alarma durante un período de 15 días, pero si quiere ampliarlo necesita del consentimiento del parlamento. Está previsto que la cámara vote el miércoles o el jueves la solicitud y todo indica que el ejecutivo socialista contará con el respaldo suficiente para sacarla adelante.

El estado de alarma es un régimen excepcional que pone a los controladores aéreos bajo tutela militar y les amenaza con penas de prisión si no acuden a sus puestos de trabajo.

Rubalcaba no descartó que superado el 15 de enero se vuelva a pedir una nueva prórroga y precisó que esa decisión se debatirá cuando llegue el momento.

Los controladores de tráfico aéreo, unos 2,000 en España, mantienen una larga disputa con el gobierno en torno a las condiciones laborales, horarios y prestaciones.

Tras su huelga de principios de mes, decenas de controladores han tenido que prestar declaración ante las autoridades judiciales que investigan el caso. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo la semana pasada que los controladores podrían llegar a ser acusados de sedición y encarar posibles condenas de cárcel.

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