España pide extradición de militares salvadoreños

SAN SALVADOR (AP). El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, informó el jueves que recibió una petición formal del gobierno español para la extradición de 13 militares retirados reclamados por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

"Puedo confirmar que recibimos ya la solicitud de extradición, y ya la hemos trasladado a la autoridad competente. La hemos trasladado a la Corte Suprema de Justicia por las vías que manda nuestra legislación", dijo el jefe de la diplomacia salvadoreña.

Martínez reveló que el pedido de extradición es para 13 militares retirados a los que reclama el juez Eloy Velasco, del juzgado Central de Instrucción de Madrid.

A finales del 2011 el Consejo de Ministros de España acordó solicitar a El Salvador y a Estados Unidos la extradición de 15 militares por su presunta participación en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pero fue hasta este año que llegó la petición formal a la cancillería salvadoreña.

Trece de los militares retirados se encuentran en El Salvador y dos en Estados Unidos.

Los 13 militares incluidos en la petición de extradición son Rafael Humberto Larios, ex ministro de Defensa; Juan Rafael Bustillo, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Tomás Zarpate Castillo, Francisco Elena Fuente, Juan Orlando Zepeda, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Oscar Alberto León, Carlos Mauricio Guzmán, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos y Oscar Mariano Guzmán.

España también habría pedido a Estados Unidos que entregue al ex vice ministro de seguridad, el coronel Inocente Orlando Montano, y a Héctor Ulises Cuenca Ocampo, un teniente de las fuerzas armadas que trabajó para la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.

Montano está acusado de mentir bajo juramento y de hacer declaraciones falsas sobre formas de inmigración con el fin de poder permanecer en Estados Unidos. Fue arrestado en agosto en el área de Boston, donde vive desde hace aproximadamente una década. Se desconoce el paradero de Cuenca Ocampo.

A principios de agosto de 2011, el juez Velasco pidió a la Interpol que emitiera una alerta roja para la detención a fin de procesar un pedido de extradición de nueve militares retirados, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador acordó denegar el pedido.

Ahora la solicitud de España deberá ser conocida por la Corte en pleno, compuesta por 15 magistrados, y bastarán ocho votos para tomar una decisión.

El magistrado de la Corte Juan De Dios Guzmán dijo a periodistas que ya recibieron la solicitud y explicó cual será el procedimiento a seguir.

"Primero deberá de revisarse la tramitación formal del caso para ver si ciertamente se ha tramitado de conformidad como dice el Tratado de Extradición. Después habría que entrar ya al contenido, para ver si reúne los requisitos jurídicos para solicitar una extradición. Y finalmente, ya es la cuestión del interés nacional, que también forma parte de los requisitos para poder conceder una extradición", dijo.

Los abogados defensores de los militares manifestaron a la AP estar tranquilos por la situación jurídica de sus defendidos.

"No estamos preocupados, ya la Corte dictó sentencia sobre esto y no creemos que ahora vaya a cambiar posición, no van a ser extraditados", aseguró el abogado Eduardo Cardoza.

Por su parte el abogado Lizandro Quintanilla sostuvo que hay argumentos jurídicos que amparan a sus defendidos, "el delito ya prescribió, han pasado 22 años y por lo tanto la acción penal está prescrita según nuestro código procesal penal. Además los ampara la ley de amnistía y la Corte se pronunció al respecto".

El asesinato fue perpetrado por soldados el 16 de noviembre de 1989 durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En un inicio el gobierno salvadoreño intentó culpar a los guerrilleros de la matanza.

Los sacerdotes jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, fueron ejecutados con tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Católica (UCA), dirigida por jesuitas.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón elite Atlacatl, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los nueve acusados.

Otros dos fueron beneficiados posteriormente por una amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.

La UCA ha dado por cerrado el caso en contra de los autores materiales, pero sigue reclamando el esclarecimiento de la autoría intelectual.

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