Evo Morales afronta la peor rebelión opositora

LA PAZ (AP). Un mes después de triunfar en las urnas en un referendo, Evo Morales, el primer presidente indígena que gobierna el país, afronta la mayor rebelión de regiones opositoras autonomistas, en otro capítulo de la crisis que mantiene en vilo a Bolivia, uno de las más naciones más pobres del continente.

Morales el 10 de agosto ganó con el 67% de los votos un referendo que lo ratifico en el cargo a él y a los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos ellos opositores y que, además, encaminan a sus regiones hacia una autonomía de facto.

Lejos de dirimir la disputa política entre el proyecto izquierdista de Morales y la oposición conservadora, la consulta de agosto agravó la confrontación y los alentó a los adversarios del gobernante a avanzar en sus respectivos proyectos políticos irreconciliables hasta ahora.

El mandatario convocó mediante decreto a otro referendo, posiblemente a fines de enero, para aprobar su proyecto de constitución, pero la Corte Nacional Electoral dijo que la convocatoria debe ser mediante ley del Congreso donde las fuerzas están divididas.

Los líderes regionales anunciaron una resistencia a la pretensión del gobierno y anunciaron que seguirán adelante con su proceso de autonomía que el gobierno rechaza. De hecho el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas convocó a elecciones para constituir un legislativo regional, aunque la consulta también ha sido desautorizada.

El martes estallaron incidentes en Santa Cruz cuyo detonante fue la demanda de las cuatro regiones para que el gobierno devuelva unos fondos de la renta petrolera que confiscó para pagar una renta a los ancianos.

Pero el fondo de la disputa gira en torno al proyecto constitucional y la demanda autonomista que tiene amplio apoyo en las cuatro regiones. Morales ha dicho que busca "refundar el país" con una nueva constitución que otorga más poder a los indígenas, consolida las nacionalizaciones, limita la extensión de los latifundios y propone la reelección presidencial.

En cambio, los proyectos autonomistas se acercan al federalismo, plantean una economía abierta y restan al gobierno central la capacidad para decidir sobre las tierras. En Santa Cruz y Beni están los mayores latifundios.

En declaraciones públicas, las partes hablan de dialogar pero ninguna parece estar dispuesta a ceder en sus posiciones y ni los esfuerzos de la OEA y países amigos como Brasil, Colombia y Argentina lograron convencerlas a negociar.

Una reciente encuesta de Naciones Unidas realizada después del referendo dijo que el 86% de los bolivianos está de acuerdo en que la disputa se resuelva mediante el diálogo.

La crisis política se desató hace un año precisamente por el fracaso de la Asamblea Constituyente por concertar un proyecto constitucional de consenso. El que se aprobó no tuvo el aval del grueso de la oposición y las regiones opositoras lo rechazan.

La disputa ha estado teñida de brotes de racismo contra indígenas y habitantes de occidente en regiones del oriente y sur dominadas por la oposición.

Los sucesivos triunfos electorales que obtuvo Morales en tres votaciones desde su elección en diciembre de 2005, dejó en claro que el mandatario tiene amplio apoyo entre campesinos, indígenas y sectores empobrecidos de las ciudades incluso en regiones dominadas por los opositores.

Pero, según analistas, el error del mandatario ha sido oponerse desde el inicio a las autonomías, que tienen un alto respaldo en aquellas regiones, y tildarlas, además, de separatismo.

La batalla política ha afectado a instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, paralizado por la renuncia de cuatro de cinco magistrados; la gestión legislativa está bloqueada por falta de acuerdos en el Congreso, y el órgano electoral está dividido.

En el fondo la crisis boliviana es mucho más profunda y según los expertos está marcada por una crisis del estado y de la institucionalidad democrática así como por fuertes luchas regionalistas.

Esa crisis que comenzó el año 2000 con una serie de revueltas populares provocó la caída en octubre de 2003 del presidente conservador Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 63 civiles en protestas populares.

Esa misma crisis permitió el ascenso de Morales desde las sindicatos cocaleros, pero el mandatario no siempre se ha caracterizado por el diálogo y la negociación en sus tiempos de líder sindical y tampoco parece estar dispuesto a renunciar a sus principios.

Lo pronósticos más alarmistas dicen que la confrontación podría derivar en una guerra civil, pero los hechos han demostrado que el país aspira a salidas pacíficas. Cada vez que emerge una convulsión, las partes de repliegan.

Bolivia tiene fama de país conflictivo y hasta en tono de broma se comenta aquí que las protestas son el deporte nacional, pero no tiene antecedentes de prolongada violencia, y proyectos subversivos fracasaron.

La actual crisis llega en un momento de bonanza económica que no ha tenido el país en décadas. El gas natural, los minerales y la soya los principales productos de exportación tienen precios extraordinarios que han permitido al estado acumular reservas internacionales por más de 7.000 millones de dólares.

La confrontación es también regional entre un oriente y sur ricos (Santa Cruz y Tarija) cuya base económica son los hidrocarburos y la agroindustria y un occidente (La Paz) en declive afincado en la minería.

La oposición regional parece estar dispuesta inclusive a postergar su proyecto autonomista con tal de evitar la reelección por otros cinco años del presidente Morales que debe cumplir su gestión a finales de 2010.

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