Ex rehenes colombianos respaldan a senadora Córdoba

BOGOTA ( AP). Un grupo de ex secuestrados solicitó a la Procuraduría General "reflexionar" o reconsiderar su fallo de destituir e inhabilitar políticamente a la senadora Piedad Córdoba por supuesta colaboración con las FARC, dijeron ex rehenes el jueves.

Diez 10 ex secuestrados y algunos parientes de ellos divulgaron en la víspera un comunicado en un acto en el Senado.

Aparte de solicitar reconsiderar la medida, la misiva es para " decirle a ella (Córdoba) que no vaya a desfallecer en la lucha por sus gestiones para la liberación de los soldados y policías que siguen secuestrados", dijo Oscar Tulio Lizcano, quien fue rehén por ocho años de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta octubre del 2008 cuando se fugó junto a un guerrillero.

Con el comunicado conjunto también se busca " respetar el espacio de la justicia y que continúen de manera imparcial valorando los cargos que tienen supuestamente contra ella (Córdoba) y...agradecerle (a la senadora) sus gestiones que ha hecho por la liberación" de rehenes, agregó el ex representa a la Cámara Lizcano en diálogo telefónico.

Por su parte el ex senador Luis Eladio Pérez, que también estuvo cautivo por las FARC, dijo en entrevista telefónica que la intención no era interferir en las decisiones de la justicia, sino expresar su apoyo a la legisladora.

Pérez, quien fue secuestrado en junio del 2001, es parte de una decena de ex rehenes --políticos, militares y policías-- que quedaron libres entre 2008 y este año por gestiones de Córdoba ante las FARC.

La Procuraduría General anunció el pasado 27 de septiembre que impuso a la senadora Córdoba, de las filas del Partido Liberal, una sanción disciplinaria de 18 años, tiempo en el cual quedará impedida de ejercer cargos públicos o de elección, " por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley FARC".

La Procuraduría ha dicho que " estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".

Aunque la decisión de la Procuraduría no es apelable, para su vigencia definitiva debe pasar primero por una "revisión" del mismo procurador general, Alejandro Ordoñez, lo que tomaría varios meses.

La senadora siempre ha negado colaborar o promover a las FARC y mantiene que sólo ha realizado gestiones humanitarias ante los rebeldes.

En manos de las FARC siguen retenidos al menos 19 uniformados, entre policías y militares.

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