Expandilleros salvadoreños buscan eliminar tatuajes para borrar estigmas

José Antonio es uno de cuatro sobrevivientes de una célula de 40 pandilleros, pasó 14 años encarcelado por homicidio y robo, y ahora quiere borrarse los tatuajes que lo vinculan con una violenta banda criminal que las autoridades salvadoreñas combaten sin tregua.

"Por seguridad me estoy borrando los tatuajes. Los tatuajes traen un montón de problemas y hasta la muerte", declara a la AFP José Antonio (nombre ficticio por razones de seguridad), un expandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) de piel morena y contextura robusta.

José Antonio, de 38 años, es uno de los 828 visitantes de una clínica gubernamental en San Salvador que remueve tatuajes a expandilleros, trabajadoras del sexo y civiles que desean sortear el peligro y la discriminación en uno de los países sin guerra más violentos del mundo.

Inmerso en el submundo de las pandillas desde los diez años, José Antonio se tatuó sus brazos con nombres y otras figuras, pero las que le marcan una sentencia lapidaria son las letras MS, alusivas a la Mara Salvatrucha, banda a la que defendió durante doce años en las calles hasta que, acusado homicidio y robo, fue condenado a 30 años de cárcel, aunque únicamente permaneció 14.

Salió de la cárcel en 2012 y, sobre la enconada batalla por territorio entre las pandillas, José Antonio contó que de una "clica" (célula) de 40 pandilleros, solo sobreviven cuatro y, para salvaguardar su vida, distorsionó las letras en su pecho. En la M formó un rostro con barrotes con el fin de simular "el drama del preso", mientras que en la S formó otras figuras.

El tatuaje extravagante alusivo a las pandillas fue hasta hace algunos años la marca con la que jóvenes sellaban su afiliación a la banda o fijaban un episodio de su vida: con una lágrima ejemplificaban un asesinato cometido, mientras una cruz era luto por algún compañero caído.

Para el expandillero, la primera fase de su tratamiento fue eliminar tatuajes de sus brazos, los que ahora puede usar camisa de manga corta, pero en su última cita comenzó a borrar las imágenes de su pecho.

En la clínica, la doctora Mayde Ramírez (de 40 años), provista de guantes y lentes especiales, es la encargada del procedimiento que se inicia orientando una máquina de enfriamiento que lanza aire helado en el área a trabajar y luego con la pistola láser penetra milímetros en la piel.

Luego de 27 minutos y 3.966 disparos láser, el primer tatuaje del pecho es removido y para concluir el procedimiento, Ramírez aplica vaselina y cubre con una venda esterilizada el área, la cual volverá a trabajar en un mes.

El programa de remoción de tatuajes, con apoyo de Taiwán, fue relanzado en abril debido a que muchas personas sufren "discriminación y estigmatización", explica Ramírez a la AFP.

En El Salvador, según una psicóloga que entrevista a los pacientes y que prefiere no ser identificada, el tatuaje alusivo a una pandilla marca "la frontera entre la vida o la muerte, la cárcel o la libertad, el empleo o el desempleo".

"El tatuaje ha sido mal visto, ahora hay personas que no tienen nada que ver con las pandillas, pero corren riesgo por el simple hecho de tener un tatuaje (y) por la ignorancia de las autoridades que los vinculan a grupos delincuenciales", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.

Por la violencia que se vive en el país y por estigma hacia los tatuados, a la clínica de remoción no solo van expandilleros, sino también adultos que certifican estar libres de delitos.

José Valencia, de 51 años, es un exsoldado al que en los años de la guerra civil (1980-1992), un oficial lo obligó a tatuarse un puma en el pecho cuando apenas tenía 17 años.

"El que no cargue un puma en el pecho no va salir operativo", era la frase que repetía un teniente, por lo que "todos los compañeros con los que estaba en el cuartel se hicieron tatuajes, uno ni sabia lo que hacía en esos momentos", recordó Valencia.

La demanda para removerse tatuajes, según Montenegro, podría aumentar por "el nivel de represión" que el gobierno está ejerciendo contra las pandillas mediante operaciones diarias en autobuses, calles y comunidades.

En El Salvador, según estimaciones oficiales, hay unos 70.000 pandilleros, de los cuales 13.000 están encarcelados.

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