Expresidente Uribe niega irregularidad en compra de tierras en Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe negó este miércoles supuestas irregularidades en la adquisición de terrenos que hacen parte de su finca en el norte del país, tras un señalamiento del órgano de control fiscal del Estado.

"Esto es una acusación totalmente temeraria que viene en un momento político preciso", declaró a la Blu Radio local, sin dar más detalles.

La Contraloría General colombiana instó el martes a la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT) a anular las ventas a terceros de 322 predios de origen baldío ubicados en cinco departamentos del país y que suman 123.000 hectáreas.

Entre esos terrenos hay 103 hectáreas en once lotes que pertenecen a la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, una finca de Uribe y su familia en los departamentos de Antioaquia (noroeste) y Córdoba (norte) y que según el expresidente tiene una extensión de 1.500 hectáreas.

"Ninguno de esos predios era baldío, todos fueron adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona", dijo este miércoles el exmandatario (2002-2010).

En 1994 se promulgó la Ley 160 que prohíbe comprar terrenos que inicialmente fueron adjudicados como baldíos y fija un tope de hectáreas, que varía según el departamento, a las unidades agrícolas familiares para impedir la concentración de la tierra.

Según Uribe, los lotes fueron comprados a sus respectivos dueños, por lo que no los habría obtenido como baldíos, y en este caso lo acogería la teoría de derechos adquiridos pues los negocios se realizaron antes de 1994, cuando se sancionó la norma.

Las propiedades fueron compradas a "propietarios que a su vez las habían comprado de otros propietarios o a personas que habían sido adjudicatarios de baldíos", afirmó el exmandatario, ahora senador y líder del opositor Centro Democrático (derecha).

La Contraloría envió su investigación, realizada a partir de informes de entre 2013 y 2015, a la Fiscalía y la Procuraduría, que en Colombia indaga irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Con ello, busca que determinen si existe responsabilidad de funcionarios o particulares "frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley".

En estos casos, la Contraloría explicó que solo puede actuar si un juez anula las compraventas de los terrenos por probada la mala fe de los adquirientes.

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