FIDH insta a Panamá a derogar ley de reforma del código minero

PARÍS ( AFP). La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó el lunes al gobierno de Panamá a " derogar" la ley de reforma del Código de Recursos Minerales pues " atenta contra la seguridad ambiental".

La Federación denunció igualmente la " ausencia de consulta" durante la elaboración del proyecto y " el uso desproporcionado de la fuerza" contra comunidades indígenas opuestas a dicha reforma.

" La FIDH insta a las autoridades panameñas (...) a que deroguen la ley de reforma al Código de Recursos Minerales y a que inicien un debate amplio y participativo entorno a la seguridad ambiental para cumplir con sus obligaciones internacionales", afirmó Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH en un comunicado difundido en París.

" Mediante esta reforma, el gobierno panameño apuntaría a atraer la inversión extranjera e iniciar la explotación de la mina de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes del planeta, ubicado en el occidente del país, donde viven las comunidades indígenas Ngóbe y Buglé", denunció la FIDH.

Ese yacimiento ubicado en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, albergaría 17 millones de toneladas de cobre, equivalente al 85% de la demanda total mundial prevista para 2011.

La FIDH advirtió de las " graves consecuencias ambientales" que acarreará la reforma y consideró " particularmente alarmantes" las condiciones en que se discutió el proyecto " elaborado a puertas cerradas (...) sin tomar en cuenta las preocupaciones de las comunidades indígenas".

En vísperas de nuevas protestas convocadas por comunidades indígenas, la FIDH condenó el " uso desproprocionado de la fuerza" contra comunidades indígenas días atrás en la localidad de San Félix.

El presidente panameño Ricardo Martinelli aprobó el viernes un proyecto que reforma un código minero de 1964, según el cual las empresas concesionadas pasarán a pagar de 2% a 5% en regalías por producción en todos los minerales.

Según la oposición política, ambientalista, indígena y estudiantil, que pidió una moratoria sobre minería y la celebración de un diálogo nacional, esta reforma abre las puertas a la explotación desmedida de los recursos minerales por parte de compañías extranjeras y deteriorará seriamente el medio ambiente.

Las potenciales ganancias en oro y en cobre de los cuatro principales yacimientos del país se estiman en 10,400 millones de dólares anuales, de los cuales el Estado panameño recibiría unos 400 millones.

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